Los más de 82.000 desahucios llevados a cabo en la Comunidad Valenciana desde 2008 han resultado decisivos para que el nuevo Ejecutivo autónomo, presidido por el socialista Ximo Puig, se tome el asunto como algo al que dar una solución perentoria lo más pronto posible.
Porque, como ha señalado la consellera de Vivienda, no se trata de un simple problema entre un particular y una entidad financiera, sino que su incidencia lo convierte en un problema público de grandes dimensiones, por las consecuencias sociales que se derivan, y por ello, para estar a la altura, se deben tomar las medidas urgentes necesarias sino para evitar los desahucios -algo imposible-, sí, al menos, las que se puedan para demorar el inicio de los expedientes de ejecución hipotecaria.
Todavía no hay ningún texto sobre la mesa, pero sí algunas ideas de partida que se incorporarían al futuro marco legal, como no efectuar ningún desahucio en ninguna vivienda del parque público de la Generalitat Valenciana de personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y situación de insolvencia sobrevenida.
Otro aspecto que será incluido en la nueva ley será el de habilitar el stock de viviendas vacías de los bancos, para lo que ya se ha iniciado una ronda de contactos con las entidades financieras para conocer su disponibilidad de poner estas viviendas para alquiler social. Un primer paso de cara a poner en marcha un registro. En este sentido, como ya ocurriera en Andalucía, se contempla la inclusión de medidas sancionadoras para los bancos que se nieguen a colaborar.
Por lo que respecta al parque de viviendas de la Generalitat Valenciana, la prioridad pasa por impulsar un plan de reforma, de cara a adecentar las casi 700 viviendas públicas que no están en condiciones de ser habitadas.
Un asunto que requerirá una inicial inversión, más o menos costosa en función del deterioro que tengan los inmuebles, pero que, a la larga, servirá para contar con unos pisos con los que cubrir necesidades urgentes de familias que, en un momento determinado, no tengan otra alternativa habitacional a la que agarrarse.
Otro aspecto importante que recogerá la ley será el de la prevención de los desahucios, para lo que se ha pensado en constituir una mesa con presencia de la propia Administración -que se encargará de coordinar un protocolo de actuaciones antidesahucios-, y de la que también formarán parte diversos colectivos sociales, vecinales, jurídicos e institucionales.
