Andalucía reclama una ley hipotecaria con dación en pago generalizada

El tono resulta quizás menos combativo y frentista que el utilizado por la que fuera consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, durante la pasada legislatura, pero las líneas maestras con las que ha iniciado su andadura Felipe López, el nuevo consejero en la materia, se parecen muy mucho, en el fondo, a las propuestas que en su día puso en marcha Cortés.

Así, la lucha contra los desahucios y el fomento de la rehabilitación y el alquiler, en el marco del nuevo Plan de Vivienda, se anuncian como los principales ejes de actuación para tratar de limar los abusos en las operaciones financieras relacionadas con las hipotecas, facilitando la permanencia de las familias en sus viviendas a través de alquileres a precios asequibles.

Entre esas prioridades, una que llama la atención, como es la reclamación que se va trasladar al Gobierno central para que asuma la necesidad de acometer una nueva regulación hipotecaria más avanzada, que generalice la figura de la dación en pago.

También va a pedir la retirada del recurso que mantiene parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional la Ley de Función Social de la Vivienda, impidiendo el despliegue de sus efectos positivos.

Para combatir los desahucios, el consejero de Fomento y Vivienda ha puesto de manifiesto que es necesario que exista una concurrencia de fuerzas de todas las administraciones y de instituciones y entidades para dar una respuesta inmediata a las demandas de los ciudadanos. Entiende el nuevo responsable andaluz de Vivienda que la Junta tiene competencias insuficientes y limitadas.

Por ello, reclama la cooperación de todas las administraciones, incluido el Gobierno del Estado, «el actor con mayor capacidad legal». En esa colaboración, diputaciones y ayuntamientos se convierten en aliados estratégicos por representar el escalón más inmediato en la atención a estos verdaderos dramas sociales y familiares. También se buscará la complicidad de las entidades financieras, estamentos y colectivos del poder judicial, así como de las plataformas que trabajan con los afectados.

En esa prioridad de aunar esfuerzos contra los desahucios, el nuevo responsable andaluz de Vivienda también buscará el nuevo impulso legislativo que, en esta materia, se ha reforzado con la aprobación reciente del Anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas y del Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda.

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