Cataluña extiende hasta 2017 el plan de ahorro y eficiencia energética en sus edificios y equipamientos

El Gobierno ha acordado extender hasta 2017 el Plan de ahorro y eficiencia energética en los edificios de la Generalitat, que se puso en marcha en 2007, con la voluntad de racionalizar el consumo de energía, optimizar el gasto y actuar de manera ejemplarizante en este ámbito.

Actualmente la Generalitat es uno de los principales consumidores de energía del país, con un consumo de 1.306 GWh anuales. Hasta el momento, con el Plan de ahorro y eficiencia energética, el Gobierno ha ahorrado un 4,9% el consumo de energía. También se ha conseguido ahorrar hasta 6 millones de euros anuales a través de la racionalización de la potencia contratada, una cifra que se prevé que este año alcance los 9,8 millones.

El acuerdo establece como objetivos lograr una reducción del consumo del 14,3% (186,5 GWh) y una disminución del 16% en el gasto en energía (valorada en 34,13 millones de euros) en relación con el 2014. Este esfuerzo supondrá reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera de 85.915 toneladas.

Cada departamento del Gobierno deberá alcanzar estos objetivos de ahorro aplicando medidas de acuerdo con su tipo de edificios y de consumos, y con el apoyo técnico del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), que se encargará de coordinar el Plan. Los ahorros se conseguirán, principalmente, con la racionalización de la potencia contratada, que cada vez tiene un peso mayor en la factura energética; con inversiones en equipamientos y maquinaria, y con sistemas de monitorización, gestión y control. Para estas tareas podrán recibir el apoyo de empresas de servicios energéticos.

Además, los nuevos edificios de la Generalitat deberán ser como mínimo de calificación energética B y deberán tener zona de recarga para vehículos eléctricos y de aparcamiento para bicicletas. Los contratos de mantenimiento que se suscriban incluirán obligatoriamente criterios y objetivos de ahorro y eficiencia energética.

La puesta en marcha de todas estas medidas puede suponer una inversión potencial de 109 millones de euros, que en muchos casos efectuarían empresas especializadas en servicios energéticos.

Con este acuerdo el Gobierno da continuidad a la tarea de reducción del consumo de energía y de optimización del gasto energético, que ya se ha traducido en medidas como la racionalización de la potencia contratada, la contratación agregada de energía eléctrica y de gas, la incorporación de criterios y propuestas de eficiencia a los contratos de mantenimiento y gestión de edificios, o la licitación de los primeros proyectos de inversión en ahorro y eficiencia a cargo de empresas de servicios energéticos. Contribuye también a dar cumplimiento al mandato parlamentario que insta al Gobierno a reducir un 25% el consumo de energía en 2020.

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