Sea Manuela Carmena o sea Esperanza Aguirre la que salga elegida el próximo sábado como alcaldesa de Madrid, deberá, a partir del lunes, ponerse manos a la obra con un tema complicado, como es el de la renovación de antiguos contratos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), que afecta a 1.500 familias -muchas de ellas de avanzada edad- para que firmen nuevos acuerdos sin recoger la cláusula de blindaje.
Los actuales contratos contemplan la prórroga automática cada dos años de su estancia en la vivienda, pero el nuevo documento que les están dando a firmar excluye esa cláusula de blindaje. De esta manera, se facilitaría el desalojo o el aumento de las cuotas a voluntad de la EMVS.
Los vecinos afectados están recibiendo cartas de la EMVS para que se presenten, en el plazo de 15 días para firmar un nuevo contrato en el que no figura la protección recogida en el Decreto 100/1986 de la Comunidad de Madrid, que les brinda la renovación automática bianual siempre y cuando no cambien sus condiciones económicas. A saber, no tener una propiedad en la Comunidad de Madrid y que la unidad familiar no ingrese más de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, poco más de 1.620 euros.
En torno a 1.000 inquilinos ya han firmado, pero otros 500 se resisten a hacerlo. Entienden que la iniciativa del Ayuntamiento se salta a la torera la legislación vigente. El Consistorio, por su parte, enmarca estas actuaciones en un proceso de renovación de todos los contratos de arrendamiento, dicen, para adecuar las rentas a la capacidad económica de los adjudicatarios y adecuar los contratos a la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
En el caso de los contratos de los inquilinos de protección social, a menudo no es posible adecuarlos a la actual LAU porque ésta no es aplicable cuando los contratos se rijan por el decreto 31/1978 o por legislación autonómica (como es el caso del Decreto 100/1986). Con la intención de que dejen sus viviendas, el Ayuntamiento ha comenzado a demandar judicialmente a inquilinos.
Algunos vecinos ya han ganado algún litigio al Ayuntamiento, manifestando los jueces sus dudas acerca de la intención de la EMVS de aumentar la renta y, por ende, burlar la ley en lo referente a su obligación de ofrecer a los inquilinos la compra de las viviendas transcurridos quince años de vigencia de los contratos de arrendamiento.
