viernes, 6 febrero 2026
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El Gobierno convocará subastas de potencia eólica y biomasa con derecho a incentivo

Algo está cambiando en el Gobierno tras los severos recortes acometidos en el sector de las energías renovables, porque parece que está reaccionando. Los números no parecen salir a la vista de algunas cuestiones, como esa ridícula nueva potencia eólica instalada en 2014, de poco más de 20 megavatios, la menor en los últimos 20 años.

Por eso, acaba de proponer un real decreto para convocar subastas de potencia eólica y biomasa con derecho a incentivo  y un borrador de orden ministerial con los parámetros retributivos para ello. Esto supone un reconocimiento a la necesidad del país de instalar más potencia eólica de cara a cumplir los objetivos europeos de consumo de energías renovables en 2020.

Los 500 megavatios eólicos que el Gobierno se propone subastar –que incluirían tanto nuevas instalaciones como la sustitución de máquinas antiguas por nuevas–  están muy por debajo de los entre 4.553 y 6.473 MW eólicos que el propio Ministerio indica que son necesarios hasta 2020.

Al mantenerse el modelo introducido por la Reforma Energética, que permite modificar las condiciones económicas cada seis años (la primera vez, que afectaría a los parques incluidos en esta subasta, tendría lugar en 2019), los inversores que se planteasen instalar nueva potencia eólica desconocerían la rentabilidad de sus proyectos más allá de los primeros años, lo que aumentaría exponencialmente el riesgo de la inversión.

No obstante, Industria no especifica ni las fechas de las subastas ni la metodología que se aplicará, pero sí el coste que le supondría en incentivos la instalación de los 500 MW eólicos: 21 millones de euros. Para ello, quiere aplicar una retribución a la inversión de 40.000 euros por MW, que es alrededor de un 60% inferior a la de los parques instalados en 2013 y 2014, ya con la Reforma Energética en vigor. Éste no es el único parámetro que se modifica respecto a la regulación aprobada hace menos de un año, en junio de 2014.

Dado que el proceso se encuentra ahora en periodo de alegaciones, representantes de los productores de energía eólica se han puesto a disposición del Gobierno para mejorar el sistema y garantizar un futuro para la eólica en España, ahora que está sufriendo la falta de pedidos domésticos.

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