Cuando todavía se sienten los efectos de la última burbuja inmobiliaria, los ayuntamientos de todos los colores políticos empiezan a concretar una nueva generación de planes urbanísticos que, sorprendentemente, insisten en las malas prácticas de las dos últimas décadas, que se resumen en un crecimiento desmedido del suelo urbanizable. El planeamiento urbanístico, que sigue comprendiéndose en muchos despachos políticos y funcionariales de forma errónea como el trámite necesario e indeseado para la transformación del suelo, vuelve a plantearse como el método de las corporaciones locales para obtener ingresos y suelo para dotaciones públicas; como en los años de la 'década dorada' del desarrollo urbanístico, cuando los tributos, las cargas de urbanización y las cesiones de aprovechamiento se convirtieron en el medio de hacer frente a las promesas electorales.
Muchos hemos advertido de los efectos perversos de la materialización en forma de participación en el aprovechamiento urbanístico por parte de los ayuntamientos de la, en principio, socializante previsión del artículo 47 de la Constitución; más todavía cuando el planeamiento estructural recae, si bien no formalmente pero si en la práctica, en manos municipales. Y no menos evidentes son las aberraciones ambientales y sociales que los responsables políticos locales cometen con la justificación de obtener suelo gratuitamente para dotaciones, sin tener que recurrir a la expropiación forzosa, lo que implica en demasiadas ocasiones la clasificación de ingentes superficies de suelo urbanizable que de otro modo no se justificarían.
Los más de ocho mil municipios españoles -la rabiosamente absurda planta local merece otro artículo- han actuado con un peligroso libertinaje y un descontrol casi total, apenas mitigado por los trámites autonómicos y el planeamiento territorial en una minoría de comunidades autónomas, que invitan a pensar que es necesario actuar limitando la capacidad de los ayuntamientos para proponer planeamiento estructural, tarea que por su relevancia ambiental, social y económica y su influencia supramunicipal debería quedar en manos de las administraciones autonómicas, no sólo en la aprobación definitiva, como ocurre actualmente, sino desde la misma propuesta, cuya redacción debería encomendarse a técnicos externos e independientes y que debería ser supervisada por un regulador también independiente, como el del mercado de valores.
Durante los años de la crisis urbanística postburbuja se ha hablado, y se seguirá haciendo, de forma acertada, sobre los males de la corrupción o de la especulación inmobiliaria, pero se ha ignorado un problema de fondo, sistémico y ético, del urbanismo, derivado del laisser faire de las administraciones locales, tolerado e incluso incentivado por quienes han escrito miles de páginas criticando los males del urbanismo de la 'década prodigiosa'.
