Acciona y Agbar, las dos empresas que pugnan a todos los niveles por hacerse finalmente con la millonaria concesión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), siguen moviendo los hilos para llevarse el gato al agua. Y ya se llega al extremo de mover ficha para el caso de que si no es para mí, que tampoco sea para ti.
Esa es la idea con la que Acciona, la empresa controlada por la familia Entrecanales, se ha personado ante la mesa de contratación, que debe decidir en uno u otro sentido quién se lleva la concesión, para presentar un escrito en el que critica al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), defiende su oferta y añade que Agbar debería haber quedado excluida porque incumplía varias cláusulas del pliego inicial en base al que se hizo la convocatoria de la concesión.
"El recurso especial se promovió por quien debió ser expulsado previamente del procedimiento, beneficiándose de esta forma del incorrecto proceder de la mesa", se queja Acciona en el documento.
Sus letrados defienden que, si el OARCC consideró que Acciona debió ser descalificado por no cumplir con el calendario de inversiones, Agbar también lo debería ser por el mismo motivo. Es más, también presentó documentación contradictoria en lo que se refiere a los plazos de ejecución de las inversiones en dos documentos diferentes.
Además, entiende Acciona que la filial de Suez Environnement debería quedar fuera porque las entidades financieras que iban a copar el 63% del capital del consorcio (Caisse de Depot et Placements du Quebec y First State Investments) nunca llegaron a presentaron un compromiso vinculante. Esas tres razones son las que ha argumentado Acciona en las pruebas periciales utilizadas en la causa sobre ATLL que se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Las alegaciones son especialmente duras con el órgano de recursos contractuales de la Generalitat, para el que los letrados de Acciona no ahorra en adjetivos para desacreditar su actuación. Califica la resolución de "errática e incoherente" y "viciada de nulidad de pleno derecho" al extralimitarse en las competencias del organismo, al que incluso acusa de tener una conducta "maliciosa" al permitir firmar el contrato para después denunciarlo.
Relata el escrito que el organismo levantó la suspensión del expediente de contratación para que se pudiera firmar antes de cerrar el año 2012, como le reclamó la Generalitat, para después emitir una resolución contraria el 2 de enero, prácticamente el primer día hábil después de que el consorcio formado por Acciona y BTG Pactual pagara 298,6 millones de euros y la Generalitat pudiera apuntarse una reducción del déficit.
Tras asumir que la resolución del OARCC está "viciada de falta de competencia material", Acciona defiende que la legislación sobre recursos contractuales permite dejar sin efecto su fallo y se ampara en varios dictámenes de acreditados catedráticos.
