El 31 de diciembre es el último día que la firma de un contrato de alquiler dará derecho a la deducción fiscal de los inquilinos y a que los arrendadores se acojan a la exención fiscal. Los contratos que se firmen a partir del 2 de enero de 2015 ya no contarán con estas ayudas tras la entrada en vigor de la reforma fiscal acometida por el Gobierno.
Actualmente la medida beneficia, según recoge el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), a más de 870.512 personas y supone un coste de 185 millones para el Estado, con una deducción media de 212 euros. Se trata de la desgravación del 10,05% sobre una base máxima de 9.040 euros pagados en concepto de rentas.
El objetivo final buscado es que este coste se vaya reduciendo hasta quedar en nada a medida que los actuales contratos en vigor se renueven. Además de esos arrendatarios, existen más de 1,2 millones de arrendadores que disfrutan de la exención fiscal por alquilar sus viviendas, de entre el 60% y el 100% de los ingresos en función de la edad que tengan.
En el ejercicio fiscal 2011, los más de 800.000 inquilinos se desgravaron 353 millones euros que tuvo que desembolsar el Estado, y los 1,18 millones de caseros no tributaron sobre 3.241 millones de euros de los ingresos obtenidos por el arrendamiento de sus casas. Ahora, esta exención se reduce del 100% (en el caso que se alquile a menores de 30 o 35 años, según la fecha del contrato) y del 60% al 50%. Con esta reducción fiscal la recaudación del Estado se incrementará en unos 60 u 80 millones.
Este aumento de la recaudación, que vendrá por el lado de la reducción de la exención a los caseros se debe a que, realmente, los arrendatarios jóvenes y con trabajo (condición para necesaria para no tributar por el 100% de los ingresos del alquiler) no abundan. La mayoría de caseros arrienda a mayores de 30 años.
Algunos expertos no ven ninguna cuestión técnica que avale la supresión de la deducción para los inquilinos, y no creen que sea una buena medida en un momento en el que los préstamos hipotecarios no crecen.
La medida va en línea con la rebaja fiscal. Las dos medidas fiscales en materia de arrendamiento suponen un aumento impositivo para inquilinos y propietarios que vienen a compensar otras medidas que suponen un ahorro impositivo para los ciudadanos. Desde Hacienda basan esta modificación en la equiparación de la fiscalidad entre la compra y el alquiler, por encima del mero ahorro o recaudación.
