En la pasada asamblea de socios compromisarios del Real Madrid, el presidente Florentino Pérez dejó entrever que los 400 o 500 millones necesarios para abordar la faraónica reforma del estadio Santiago Bernabéu estaban más que apalabrados.
No obstante, volvió a mostrarse cauteloso por el enfangado proceso judicial que se deslinda en los tribunales en contra de este proyecto, y no dijo palabra alguna sobre otro frente que sigue abierto, como es el de la investigación que sobre el tema está llevando a cabo la Comisión Europea.
En esa asamblea no salió el nombre del sponsor que, como decía Florentino, “una su nombre al nuestro, y que durante 15 o 20 años nos pueda pagar los 400 o más millones que vale el nuevo estadio”. Pero todo está ya atado y bien atado. Ni Coca-Cola, ni Microsoft ni Hyundai ni alguna que otra multinacional se han aproximado, ni de cerca, a los 500 millones de euros que está dispuesto a poner el Gobierno del Emirato de Abu Dhabi durante los próximos 20 años.
Lo haría a través de uno de sus fondos de inversión, el International Petroleum Investment Company (IPIC). Como paso previo, el National Bank of Abu Dhabi (NBAD) acaba de convertirse en sponsor oficial del Real Madrid en los Emiratos Árabes Unidos. IPIC es propietario del 100% de la petrolera Cepsa desde hace tres años.
El premio, que el nombre del emirato acompañe al apellido –solo al apellido, desaparecerá el nombre– del histórico presidente en la fachada principal del estadio. Podría ser perfectamente Abu Dhabi Bernabeu o Abu Dhabi Bernabeu Stadium, pero antes deberán cerrarse todos los frentes judiciales y administrativos abiertos, tanto en España como en la Comisión Europea.
“Nos ha pedido una cautelar y el Tribunal Superior de Justicia se la ha dado. La vamos a recurrir y espero que la ganemos". Así respondía Florentino a la pregunta que le hizo uno de los socios en relación a la denuncia presentada por Ecologistas en Acción.
Los jueces, en el auto, acceden a la suspensión cautelar del acuerdo tomado por el Consejo de la Comunidad de Madrid, por el que se aprobaba la modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Madrid que daba luz verde a las obras. Y lo hacían, sobre todo, para cubrirse las espaldas ante lo que pueda determinar la investigación que lleva a cabo la Comisión Europea sobre supuestas ayudas públicas ilegales recibidas por el club blanco.
La investigación comunitaria se inició el pasado 18 de diciembre con la remisión, por parte de vicepresidente de la UE, Joaquín Almunia –de quien depende la Dirección General de la Competencia–, al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, de un documento en el que se recogen las dudas acerca de los pormenores relativos a los convenios (1991, 1996, 1998 y 2011) firmados entre el Ayuntamiento de Madrid y el club blanco, que han permitido al Real Madrid obtener el suelo público sobre el que levantar el centro comercial y el hotel entre el estadio y el paseo de la Castellana.
Tras hacer un análisis cronológico y exhaustivo de lo acontecido desde 1991, la Comisión dejaba entrever que “el Real Madrid habría obtenido una ventaja económica de la transacción que no estaría justificada en condiciones de mercado. La ventaja real dependería de la diferencia entre el valor supuesto por las partes y el precio de mercado que todavía está por determinar”.
Las autoridades europeas daban un mes al Gobierno español para que respondiera, pero la respuesta no satisfizo lo más mínimo. El pasado mes de marzo la Comisión volvió a pedir más explicaciones tras reiterar sus dudas sobre algunas cesiones de suelo y la desmesurada revalorización de los terrenos implicados en las operaciones urbanísticas. Ahora, se está a la espera de que la Comisión se pronuncie de manera definitiva.
