Suma y sigue. Los datos siguen dando muestras de que la situación de las familias españolas sigue siendo muy delicada. Entre abril y junio, casi 10.000 familias recibieron la fatídica notificación del juzgado comunicando la apertura de un expediente de ejecución hipotecaria por el impago del préstamo. No todas acabarán desahuciadas y desalojadas de sus viviendas, pero sí un buen porcentaje.
Fueron en concreto 9.611 expedientes los abiertos para iniciar el proceso de ejecución sobre la vivienda habitual, el doble de los que se habían abierto en el primer trimestre de 2014, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se suman las segundas residencias, el total de expedientes abiertos en el segundo trimestre se eleva a 12.367.
Otro dato extraído de la estadística oficial deja patente que el 60% de las hipotecas que fueron ejecutadas por impago en el segundo trimestre del año se concedieron en plena burbuja inmobiliaria.
Se relacionan con créditos sellados entre 2004 y 2007, en el momento en que las entidades financieras daban crédito a manos llenas, y por encima del valor de tasación de la vivienda. Un riesgo que ahora se está de nuevo produciendo. No de manera excesiva, pero sí lo suficiente como para pensar que algunas de estas entidades piensan transitar por el mismo camino.
Tomando como referencia las viviendas familiares (18.331.400) existentes en España en el segundo trimestre de 2014, el 0,052% iniciaron una ejecución hipotecaria en el periodo de referencia, indica el INE.
Por comunidades, detalle que solo ofrece la oficina de estadística y no aparece en los registros del Banco de España, la autonomía donde hubo más ejecuciones fue en Cataluña (3.994), Andalucía (3.981) y Comunitat Valenciana (3.342). Por el lado contrario, La Rioja (61), País Vasco (94) y Comunidad Foral de Navarra (118) fueron las que computaron menos procesos.
Con vistas al futuro, la supuesta recuperación económica tendría que notarse en los próximos meses con un descenso de las ejecuciones, ya que los impagos de deuda comienzan entre dos y cuatro trimestres antes de producirse la ejecución.
Para evitar la medida extrema del desalojo, el Gobierno modificó la ley hipotecaria con el objetivo de fomentar las daciones en pago, aunque no de forma retroactiva, tal y como le reclamaba la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso. A este respecto, el Gobierno va a alargar la moratoria para defender a los deudores hipotecarios de buena fe en situación de insolvencia sobrevenida.
