Es cierto que la crisis está impidiendo a muchas familias hacer frente al pago de sus hipotecas o el alquiler de sus casas. Pero hay otros casos de inquilinos que también han entrado en listas de morosos y que no tienen justificación alguna para no afrontar los pagos.
En Andalucía, la Junta ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para atajar estas situaciones irregulares. De las 80.000 viviendas sociales propiedad del Gobierno regional, unas 45.000 están en alquiler con precios que oscilan entre 25 y 60 euros, De ellas, unas 5.000, en torno al 11%, no se encuentran al día en el pago.
Es verdad que la mayoría no paga porque no puede, pero existen otros inquilinos que no hacen porque no quieren. En los últimos dos años, la Consejería de Vivienda y Fomento, dirigida por Elena Cortés, ha abierto 155 expedientes a inquilinos que han dejado de pagar sin justificación, que están utilizando las viviendas sociales para pasar las vacaciones de verano y son propietarios de otro inmueble o que las utilizan como negocio.
La casuística resulta de lo más diversa, pero en muchos casos se trata de personas que viven todo el año fuera de la vivienda del parque público y regresan a ella en verano porque ese piso está situado en la costa.
Entre los expedientes abiertos por esos supuestos malos usos destaca un caso que ya ha pasado por los tribunales y está pendiente de ejecución inmediata. Un auto del pasado 12 de mayo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Huelva autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) a recuperar una vivienda social en Alosno (Huelva) y a ejecutar el desahucio.
En una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante el recurso de un afectado contra la resolución de un contrato de arrendamiento de la vivienda social que había sido concedido a su padre, fallecido en 2006, se especifica que dicha persona no puede subrogarse al no probar que reside en la vivienda.
Se trata de un caso claro de malos usos, ya que ocho años después de la muerte del arrendatario, la Administración no ha recuperado aún un piso en el que, según las comprobaciones realizadas, no vivía nadie y estaba siendo utilizado por la hija del afectado para impartir clases particulares.
Con la aplicación de estas medidas de inspección sobre el parque público de viviendas, la consejería andaluza de Fomento ha recuperado varias viviendas sociales de municipios costeros, como las ubicadas en la Isleta del Moro y la zona de Los Albaricoques, en el cabo de Gata, en Almería, utilizadas exclusivamente como alojamiento veraniego.
