Llevaban tiempo, demasiado, cerca de un millón de propietarios de terrenos pagando un abusivo Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por suelos que, si bien, figuran como urbanizables en los planeamientos municipales, nunca se llegaron a desarrollar y, en muchos casos, nunca llegarán a hacerlo. Pero a la hora de que los Ayuntamientos remitieran el anual IBI el importe de este impuesto resultaba excesivamente elevado, al pagar como urbanizable algo que nunca dejó de ser rústico.
Ahora, esto se ha acabado. Una sentencia del Tribunal Supremo acaba de dar por zanjado este asunto. El origen de la sentencia está en un grupo de propietarios de suelo de Badajoz, entre los que figuran la Fundación Dolores, una entidad propietaria de la mitad una finca dedicada al cultivo de cereales. El terreno fue declarado urbanizable y el IBI subió de manera exponencial.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a la fundación al considerar que para que un suelo sea urbano precisa de un plan urbanístico o bien de obras de urbanización. Sin embargo, la Administración Central del Estado recurrió el caso en el Supremo, al considerar que la doctrina que se estaba sentando era gravemente dañosa para el interés general, claramente errónea y no ajustada a Derecho.
El Abogado General del Estado advertía de la gran cantidad de inmuebles que se verían afectados, unos 900.000, y el daño económico directo que se infligiría a las arcas públicas. El abogado solicitaba que no se considerara necesaria la aprobación de un instrumento urbanístico para considerar la naturaleza urbana del suelo urbanizable. El Supremo, no obstante, desestima ese recurso al no poder aceptarse la doctrina que postula el Abogado General del Estado.
Ahora, está por ver otro aspecto jurídicamente complicado de esta sentencia, como es la posible retroactividad que conllevaría la posible compensación a recibir por los afectados por todos estos años en los que han pagado de más.
Entraría aquí un tema peliagudo a dilucidar, como es el de que, en su momento, estos mismos propietarios, cuando esos terrenos se declararon urbanizables, no interpusieron denuncia alguna, ante la posibilidad del negocio que podían realizar con la venta de las fincas.
Y es que, durante el boom inmobiliario, recalificar una finca no era, ni mucho menos, una mala noticia para su propietario. Ni mucho menos. Al pasar de rústica a urbanizable, su valor se incrementaba hasta precios que jamás nunca hubieran imaginado.
