Para vender o malvender, según se mire, siempre hay tiempo. Y si encima, como dicen algunos, la recuperación resulta imparable y los precios de los inmuebles pueden empezar a repuntar, pues lo mejor es esperar. Es la decisión que parece haber tomado en la Comunidad de Valenciana respecto a la enajenación de su patrimonio para obtener esos ingresos extraordinarios que cubran lo que se está dejando de ingresar de manera recurrente.
Prudencia y aguante ante las ofertas realizadas por fondos buitre o inquilinos de dudosa solvencia para ocupar las antiguas sedes de las consejerías, vacantes tras el traslado al complejo administrativo 9 d’Octubre.
En 2013, por ejemplo, el Gobierno valenciano estuvo a punto de vender la que había sido su sede administrativa en Madrid, un edificio del siglo XIX situado en la calle del Españoleto.
Hasta tres Gobiernos extranjeros se mostraron interesados en el inmueble de la Generalitat para trasladar allí su embajada, pero solo Bolivia llegó a plantear una propuesta. Al final, la crisis del caso Snowden, con la sospecha de que el ex agente había abandonado el aeropuerto de Moscú a bordo de un avión del presidente boliviano, Evo Morales, dejó aparcada la operación.
Hasta ahora las dos operaciones de mayor calado han sido el alquiler de la antigua Consejería de Infraestructuras en la avenida de Blasco Ibáñez a la Agencia Tributaria por 1,1 millones al año y el alquiler de la antigua Consejería de Economía en la calle de Colón de Valencia al grupo Inditex por 1,2 millones de euros año.
El traslado de las consejerías al complejo administrativo 9 d’Octubre también ha permitido ahorrar más de 10 millones de euros anuales en locales que albergaban distintas dependencias de las Consejerías.
El plan de enajenación de patrimonio público incluye un buen número de inmuebles bien situados —como el edificio del antiguo Impiva en la plaza del Ayuntamiento y la antigua sede de las Consejerías de Agricultura y Bienestar Social— e interesantes comercialmente, como solares para terciario en el complejo de la Ciudad de las Ciencias.
En 2012 el Gobierno valenciano presupuestó unos ingresos de 141 millones de euros; otros 181 en 2013 y, en este ejercicio, se ha previsto ingresar 365 millones por enajenación de patrimonio. En los años precedentes, el monto obtenido estuvo muy lejos de las previsiones, y tampoco parece que, a la vista de lo ingresado en los cuatro primeros meses, se pueda llegar a alcanzar, ni de lejos, la cantidad consignada.
