En Martinsa-Fadesa siguen dándole vueltas al tema de ver cómo, al margen de convenio concursal, se aborda algún tipo de salida para evitar ir a liquidación.
Superado el trago de tener que acudir a la conversión de préstamos subordinados por capital para evitar la disolución, con la habitual prórroga anual del Gobierno para no aplicar la ley, la inmobiliaria todavía presidida por Fernando Martín intenta convencer a los bancos acreedores de la necesidad de que se queden con la mayoría de los activos a cambio de una quita superior al 50% de sus casi 4.000 millones de euros de deuda concursal.
La aplicación de esa quita supondría que los bancos diesen por perdidos 2.000 millones, a cambio de quedarse con activos que, según las cuentas de la inmobiliaria, apenas valen 2.000 millones.
En esas cuentas, cerradas a 31 de diciembre de 2013, Martinsa-Fadesa, el conjunto de las existencias tiene un valor de 2.138 millones, los que salen de restar los más de 2.667 millones de euros provisionados ante evidentes minusvalías de los 4.800 millones en que están valorados terrenos, promociones, obras en curso y edificios construidos.
Valoraciones que la inmobiliaria basa en unos supuestos más que discutibles. Como que millones de metros cuadrados de terrenos y solares tienen, todavía hoy, un valor de 4.006 millones de euros, en base a “su realización se prevé dentro del ciclo de negocio del Grupo que se sitúa en un plazo de uno a cinco años en función de la política comercial de suelo, del grado de desarrollo urbanístico y del periodo de construcción”.
O que las promociones en curso de construcción de ciclo corto se valoren en 485 millones porque “su realización está prevista en menos de 12 meses”, o las de ciclo largo lo hagan “su realización está prevista entre 12 y 36 meses”. Y lo mismo sucede con los más de 300 millones en que están valoradas las obras en curso o los edificios construidos, realizables, en ambos caos, en menos de un año.
Además, al cierre del ejercicio 2013, del saldo registrado en existencias de promociones en curso, edificios terminados y suelo, por importe de 384 millones de euros se encuentran afectos a garantías hipotecarias. Asimismo, existen decretados embargos sobre bienes de existencias situados en México cuyo valor neto contable asciende a 109 millones de euros.
De llevarse a cabo esta quita, el asunto podría llegar a los tribunales, a entender los más de 3.000 acreedores que se estaría vaciando de activos a la empresa, lo que implicaría no contar con recursos para el caso de que la empresa tuviera que liquidarse.
