La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha anunciado en comisión parlamentaria que el Gobierno autónomo invertirá 46 millones de euros en rehabilitar el parque público residencial para mejorar las condiciones de habitabilidad de los inmuebles y la calidad de vida de los inquilinos que residen en ellos, en su mayoría familias de escasos recursos.
Estos fondos procederán de la línea de incentivos dotada con 150 millones de euros recogida en el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible, uno de los ejes que sustentan el Decreto de la Construcción Sostenible aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno.
Cortés ha destacado que "este compromiso por la mejora de viviendas públicas responde a la apuesta del Gobierno andaluz por el cambio, por la rehabilitación frente a la economía especulativa", para añadir que "la rehabilitación es una actividad productiva todavía incipiente en España y Andalucía, con un nivel de participación bajo en el conjunto de la zona euro, suponiendo en 2009 un 28%".
Ese porcentaje contrasta con la media europea, que se sitúa en el 41%, llegando a destacar algunos países como Alemania, donde esa representatividad alcanza el 56%. Además, el peso de la adecuación residencial en la comunidad autonómica respecto al total del sector de la construcción es 13 puntos menor que la media de la UE.
Esos recursos, según ha indicado Cortés, estarán gestionados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), y destinados a la reforma y renovación de instalaciones para fomentar la eficiencia y el ahorro energéticos en beneficio de los colectivos más desfavorecidos. En concreto, se impulsarán 92 proyectos repartidos por la geografía andaluza, que contemplan intervenciones en fachadas, cubiertas y renovación de ventanas, fundamentalmente.
El Programa de Impulso a la Construcción, que se nutre de Fondos FEDER, abierto desde el 1 de abril, respalda la adecuación energética de edificios para mejorar su comportamiento térmico y las condiciones de iluminación natural, lo que implica actuar en fachadas, cerramientos verticales, cubiertas o ventanas. También se acogerán a estos incentivos los trabajos de dotación de instalaciones eficientes o de energías renovables en ámbitos como la iluminación o la climatización.
Paralelamente a esta línea de inversión, la consejera Elena Cortés ha explicado que su departamento está llevando a cabo la inspección y evaluación técnica de 43.000 viviendas y edificios públicos que son de titularidad de AVRA con el objetivo de obtener la certificación de eficiencia energética, de acuerdo con la normativa europea y nacional. Igualmente, la agencia está realizando la inspección de todos los edificios promovidos por la Consejería, así como de aquellos inmuebles que está recuperando mediante el derecho de tanteo y retracto.
Elena Cortés ha subrayado que desde el inicio de esta legislatura, "la Consejería de Fomento y Vivienda está trabajando para conseguir que la vivienda sea un derecho humano, constitucional y estatutariamente reconocido".
En ese sentido, ha detallado las diferentes iniciativas puestas en marcha por el Gobierno andaluz para alcanzar esos objetivos, entre las que destacan el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, la Ley de Medidas para la Función Social de la Vivienda o el Decreto Ley de Construcción Sostenible, a lo que se suma el futuro Plan Marco para la Vivienda Protegida y la Rehabilitación en Andalucía.
La consejera de Fomento y Vivienda ha recordado en su comparecencia la creación, amparado en el Decreto Ley, de un comité sectorial contra la especulación en el sector, órgano que será coordinado por su departamento. "Este comité convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma que establece las medidas necesarias para evitar que el ladrillo vuelva a convertirse en un elemento especulativo", ha asegurado.
Cortés ha explicado que este comité sectorial permitirá elaborar una "normativa donde se definan las prácticas de la economía especulativa en relación a la construcción y a la vivienda que nos han traído al momento de crisis en el que nos encontramos, para evitar que se repitan".
Además, ha aclarado que estará integrado también por colectivos sociales que representan a las víctimas de la crisis, en especial aquellas que se han visto afectadas por la alteración en el precio de la vivienda sufrida en los últimos años, así como por asociaciones de consumidores y usuarios, entidades de economía social y administradores de fincas, entre otros.
