Al ser declaradas ilegales los 265 millones en la Ciudad de la Luz, otro de los fiascos promovidos por la Generalitat Valenciana durante la época de ‘vacas gordas’ de la pasada década, es la Comisión Europea la que debe dar el visto bueno a la propuesta de venta contemplada por el Ejecutivo autónomo.
Aunque en principio se pensó vender todo el complejo cinematográfico en un único lote, la situación económica y los cálculos hechos sobre la obtención de mejores retornos si se vende por separado, ha decantado el pliego hacia esta segunda opción. Así, serán al menos cuatro lotes los que se ofrezca. Por un lado, los estudios, por otro, la escuela de cine, y, también por separado se ofrecerían los terrenos no desarrollados, tanto para suelo terciario como para hoteles.
Cabe la duda de qué hacer con un lujoso edificio de oficinas, que costó 10 millones de euros, y que nunca llegó a ser utilizado. Bruselas ve con buenos ojos que se pudiera destinar a centro de congresos.
En cuanto a la escuela de cine, en cuya construcción y puesta en marcha se invirtieron en su día un total de 15 millones de euros, es posible que pudiera mantener su uso. Aunque pasa ahora por momentos de incertidumbre, podría mantenerse dedicada a la enseñanza, siempre que lo hiciera como un centro de titularidad privada.
Los platós cinematográficos podrían destinarse a rodajes, siempre y cuando no fuesen largometrajes que entrasen en competencia con otros producidos en otros estudios privados de la Unión Europea (como los Pinewood de Londres, cuya denuncia en 2008 motivó la resolución que ha cerrado Ciudad de la Luz).
No obstante, el asunto podría dar un vuelco de última hora, ya que la Generalitat Valenciana ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, una petición, a través del Gobierno de España, para que se anule la Decisión de la Comisión Europea que obliga a los estudios a devolver la Generalitat las ayudas recibidas para su construcción, 265 millones de euros. Y, en el mismo sentido, ha dirigido una petición a Bruselas para que contemple la posibilidad de vender el complejo entero y no por lotes, como exige la Unión Europea.
El primer concurso público se hará como exige la UE, valorando el precio en esos más de 250 millones. Quedará desierto y será en la segunda convocatoria cuando se vea quiénes y cuánto están dispuestos a pagar.
