No había mucho margen de maniobra, y al final las empresas concesionarias de autovías abocadas a la liquidación no han tenido más remedio que aceptar, en lo mollar, las condiciones impuestas por el Ministerio de Fomento para la constitución de la nueva sociedad encargada de reflotar estas infraestructuras insolventes, que será aprobada por Decreto en uno de los Consejos de Ministros a celebrar antes de que acabe el año.
Participarán únicamente con el 20%, como quería el Ministerio, y lo único que van a conseguir es que se les adelanten cerca de 350 millones de euros por el pago de expropiaciones que, en principio, se iban a abonar en varias anualidades.
El Estado, a través de su sociedad Seittsa, controlará el 80% del capital de la empresa de autopistas. El 20% restante se lo repartirán las sociedades concesionarias titulares de las autopistas en problemas. Este porcentaje de participación parte con un valor de 122 millones, dado que la sociedad se constituye valorada en 608 millones. La parte correspondiente al Estado equivale a la capitalización de las ayudas que hasta ahora ha dado al sector. Hay que recordar que la inversión realizada fue de casi 6.000 millones de euros.
El proyecto de Fomento, a cuarenta años vista, parte de la previsión de que el tráfico conjunto de la decena de autopistas siga cayendo hasta 2015 y empiece a crecer entre un 2% y un 2,5% en ejercicios sucesivos. Si no lo hace, el acuerdo se convertirá en papel mojado y habría que ir hacia una nueva refinanciación de la deuda.
Todas las autopistas en concurso de acreedores han apoyado ya el proyecto, salvo Ausur, la autovía que enlaza Cartagena y Vera. Si persistiera en su negativa, una de las posibilidades barajadas sería la de proponer al resto de concesionarias que compraran el porcentaje de participación que le correspondería en la nueva empresa pública.
Las autopistas que se integrarán en la sociedad son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas. Sus sociedades concesionarias están en su mayoría participadas por las grandes constructoras (ACS, Sacyr, Ferrovial OHL y Abertis), además de por Globelalvía (grupo de concesiones de FCC y Bankia) y alguna entidad financiera.
Lo que no ha supuesto mayores problemas ha sido el acuerdo paralelo entre Fomento y las entidades financieras, acreedoras de las autopistas con una deuda de unos 3.500 millones de euros. Este acuerdo con la banca es el que exige que la nueva empresa de autopistas esté lista antes de fin de año.
