La nueva normativa de la energía renovable va a dar qué hablar, y amenaza con convertirse en un tinglado jurídico de alto nivel. No ya por las demandas de pequeñas empresas afectadas, que también, sino sobre todo por las que, dentro y fuera de España, van a interponer las grandes compañías y multinacionales.
Van a ser muchos cambios retroactivos en las plantas, nuevos impuestos, recortes de las primas, eliminación del sistema de tributación. En definitiva, todo un cambio radical de las reglas a mitad del partido con el que muchos no están en absoluto de acuerdo, por el menoscabo que supone respecto a las cuantiosas inversiones realizadas.
La pasada semana se supo que la sevillana Abengoa no sólo ha emprendido acciones legales ante los tribunales españoles, sino que también lo ha hecho planteando un arbitraje internacional, con una demanda en la que acusa al Gobierno español de haber efectuado una expropiación.
Y Mitsubishi ha contratado al bufete de abogados Cuatrecasas para ir por el mismo camino. Invocar la Carta de la Energía, un tratado ratificado por una gran cantidad de países, entre ellos España, para la protección de las inversiones energéticas de los países firmantes.
El objetivo de Mitshubisi en España era poner en marcha nuevos proyectos eólicos, termosolares, fotovoltaicos y de bioenergía. El acuerdo deparó además una operación por la que la multinacional pagó a Acciona 45,8 millones de euros para entrar en su filial Acciona Termosolar, que contaba con cuatro plantas en Extremadura y Andalucía.
Pero, a partir de 2009, las previsiones empezaron a torcerse. El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a aplicar medidas retroactivas para frenar eel desorbitado déficit de tarifa que se estaba generando. Y, con la llegada del Ejecutivo de Partido Popular, todo se ha ido al garete.
Mitsubishi ha dado el primer paso, pero hay otras compañías y bancos nipones que están estudiando también demandar a España. Compañías como Mitsui, Itochu y JCG Corporation, respaldados a su vez por entidades financieras niponas como Mitsubishi Tokyo UFJ Bank, Mitsui Sumimoto Bank o Mizuho Bank, entre otros, tienen enterrados en España unos 2.000 millones de euros en inversiones en proyectos renovables. Y no se van a quedar cruzados de brazos. Intentarán por todos los medios recuperar la máxima cantidad posible de esa inversión.
