La Consejería de Fomento y Vivienda ha presentado al Consejo de Participación el plan marco a partir del cual se concretará el próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación, que tendrá sus principales rasgos distintivos en la promoción del alquiler asequible y la regeneración urbana. La consejera, Elena Cortés, y la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, han sido las encargadas de presentar el documento al Consejo de Participación, un órgano colegiado compuesto por representantes de la Junta de Andalucía, los sindicatos, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las asociaciones de consumidores y de vecinos, los colegios profesionales, empresarios del sector de la construcción y entidades de crédito, entre otros colectivos.
El plan marco establece una línea de acceso prioritario al alquiler social de familias desahuciadas; elimina para los inquilinos cualquier coste económico de la intermediación en el mercado del alquiler; obliga a la inversión en el parque público de, al menos, todo lo recaudado mediante la gestión de las más de 350.000 viviendas que la Junta de Andalucía tiene alquiladas; y fija que en el caso de actuaciones sobre edificios en los que haya viviendas desocupadas, éstas habrán de destinarse, tras la reforma, al alquiler por un periodo mínimo de cinco años, entre otras medidas novedosas.
Los elementos estratégicos del Plan serán la rehabilitación, el fomento del alquiler y la regeneración urbana. La rehabilitación será la base de la reactivación de un sector de la construcción especialmente castigado por la especulación y el 'boom' del ladrillo, teniendo en cuenta que con un euro en rehabilitación se crea el triple de empleo que con un euro en construcción nueva. En esta materia, el documento incorpora la figura de la autorreparación, destinada a la implicación de los inquilinos de viviendas públicas en las labores de recuperación de los inmuebles, lo cual repercutirá en una bajada del coste de arrendamiento.
Para el conjunto del parque residencial existente, las ayudas recogidas irán dirigidas, fundamentalmente, a subvencionar actuaciones de mejora de las zonas comunes y la accesibilidad. Podrán acogerse a estos incentivos las comunidades de propietarios donde, al menos, el 75% de los propietarios de viviendas tengan ingresos familiares ponderados no superiores a 2,5 veces del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Asimismo, el Plan comprometerá a la Consejería de Fomento y Vivienda a la elaboración de un mapa de la infravivienda en Andalucía. También exige por primera vez a los ayuntamientos la aprobación de planes municipales de vivienda para poder acogerse a los distintos programas de rehabilitación ofertados por la Junta.
En el ámbito del arrendamiento, otra de las líneas de actuación prioritarias, que la Consejería de Fomento y Vivienda de hecho ya aplica en sus viviendas protegidas, pivotará sobre el cambio de calificación de inmuebles protegidos, pasando de venta a alquiler asequible con el fin de facilitar su adjudicación. De igual modo, se contemplan ayudas para los residentes en el parque residencial existente que pueden llegar a alcanzar una cobertura de hasta el 100% de las rentas en casos de especial necesidad.
En el contexto urbano, las actuaciones encaminadas a la regeneración de la ciudad consolidada se impulsarán mediante medidas de eficiencia energética y la creación de espacios sostenibles.
En materia de construcción de vivienda protegida, el documento marco establece el fomento de esta tipología residencial en régimen de alquiler sobre suelos de titularidad pública e incorpora dos figuras novedosas: la autoconstrucción y el cooperativismo. En el primer caso, los autoconstructores deben proceder del registro municipal de demandantes de vivienda protegida y aportarán su propia mano de obra, a cambio de que los ayuntamientos o promotores públicos cedan el derecho de suelo y que la Consejería se haga cargo de la redacción de proyectos técnicos y la dirección de obras. El programa de vivienda protegida en régimen de cooperativa establece la cesión del uso a los socios, que deberán proceder también de los registros municipales.
El Plan de Vivienda y Rehabilitación tendrá como base la normativa marco presentada, con las aportaciones que realicen los miembros del Consejo de Participación.
