El Ayuntamiento de Madrid, después de subastas desiertas para intentar vender el solar de la calle de Guatemala, en Chamartín, donde se ubicaba la sede municipal del Área de Urbanismo, sigue sin decantarse por la oferta de venta directa que tiene sobre la mesa desde hace casi tres meses. La de los 65 millones que pondría la cooperativa creada al efecto, y gestionada por Domo.
El cupo de las 220 viviendas proyectadas ya está prácticamente cubierto. Es más, según la gestora, existe incluso una lista de espera de más de 30 personas, abierta ante el interés despertado por comprar un piso en este entorno de la zona norte de la capital.
La promoción está planteada para pisos de entre uno y cinco dormitorios, con trastero y plaza de garaje, distribuidos en cuatro bloques de entre 7 y 14 alturas, y contaría con jardín, piscinas, pistas de pádel y zonas comunes.
Quizá la gestora peque de un exceso de optimismo al comentar a los socios cooperativistas que las viviendas podrían estar disponibles en el segundo semestre de 2015. O sea dentro de dos años. Sería casi imposible, incluso en el hipotético caso de que mañana mismo comenzaran las obras. Algo que, evidentemente, no se va a producir.
No obstante, en la página web de la gestora se mantienen los plazos con una información que ya ha quedado completamente desfasada. “La cooperativa, una vez obtenida la financiación, tiene previsto escriturar la parcela a su nombre en el próximo mes de septiembre e iniciar las obras en el mes de octubre”, apuntan.
La parcela, ubicada en la calle de Guatemala, en el distrito de Chamartín, fue sacada a la venta dos veces en 2012, pero en ambos casos los procesos de licitación quedaron desiertos por falta de ofertas.
Hace ahora un año, Domo llegó a un acuerdo con una cooperativa formada por las asociaciones de padres de los colegios de la zona para tirar hacia adelante con esta operación. Ya entonces se fijaba hasta el precio. Unos 385.000 euros más IVA por un piso de tres dormitorios con 115 metros cuadrados. Un precio que, como se ve, no supone ni mucho menos una ganga.
En el plan de pagos, la cooperativa exige inmediatamente 300 euros para la inscripción, a los que habrá que añadir 15.000 euros de inicio para las garantías ante la administración, así como el ingreso del 25 por ciento del precio de la vivienda.
