La Fiscalía de Brasil y el retraso del AVE entre Rio y Sao Paulo

La Fiscalía de Brasil ha abierto una investigación a un grupo de constructores ferroviarios, entre los que figura la compañía vasca CAF, por presuntos fraudes en la adjudicación de contrato.  Se trata, según algunas fuentes, del motivo principal por el que las autoridades brasileñas han aplazado, al menos un año, la adjudicación del contrato de alta velocidad entre las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo.

La investigación se remonta al año 2001 cuando la alemana Siemens repartió contratos de mantenimiento de trenes en Sao Paulo con otras cinco empresas, la francesa Alstom, la canadiense Bombardier, la japonesa Mitsui y las españolas Caf y Temoinsa. Siemens se quedó el contrato acordando el precio de la puja con el resto de empresas, que a cambio se adjudicaron los trenes S2000 y S2100, según el documento del CADE.

Curiosamente, cinco días después de que la Fiscalía abriera este procedimiento para esclarecer las causas de lo sucedido entonces, el Gobierno ha decidido aplazar  la licitación del macroconcurso, de unos 13.000 millones de euros, para la puesta en marcha del AVE de Brasil, una nueva línea ferroviaria de 511 kilómetros unirá tres de las 10 ciudades más pobladas del país: Rio de Janeiro, Sao Paulo y Campinas. Lo hacía cuatro días antes de que se cerrara el plazo para presentar ofertas a la primera fase del proyecto.

El retraso parece beneficiar a España que, a diferencia de lo que ocurrió con el AVE a La Meca, decidió acudir a la licitación brasileña con una doble propuesta, la de los dos consorcios encabezados por Talgo y CAF. Con ello, se abre la posibilidad de que Fomento logre limar asperezas de cara a conseguir que la propuesta española vuelva a ser única.

Además de la investigación de la Fiscalía, los consorcios licitantes se habían quejado de que un reciente cambio en los pliegos de condiciones, que modificaban el importe que deben pagar las compañías por desarrollar el servicio, beneficiaba a la propuesta francesa encabezada por Alstom, dado que exigía al resto de ofertantes realizar una labor extra de búsqueda de avales bancarios, que la gala no requería.

El hecho de que la empresa francesa también figurara entre las investigadas por los supuestos sobornos supuestamente realizados hace más de una década en Sao Paulo, y de que, aparentemente, fuera el consorcio encabezado por la compañía ferroviaria gala el único capaz de presentar la oferta competitiva, han determinado que finalmente las autoridades brasileñas decidieran retrasar la licitación dando así tiempo para esclarecer lo ocurrido entonces y también facilitar que la oferta española tenga más oportunidades.

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