Madrid. Los 4.000 millones de euros que debería asumir la nueva sociedad, bajo amparo público, para rescatar a las autovías de su manifiesta insolvencia, y evitar así su quiebra, siguen en el aire.
Las empresas y los responsables de Fomento le llevan dando vueltas al asunto desde hace un año, y se ha llegado ya a un principio de acuerdo. Pero, claro, el tema debe contar con el refrendo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y aquí no acaban de verlo claro.
Se están analizando todos los flecos del proyecto para que existan todas las garantías técnicas, pero lo que preocupa es que los 4.000 millones de endeudamiento que asumirá la nueva sociedad no contabilicen como deuda pública del Reino de España. Por ello, se ha solicitado a la Intervención General del Estado que supervise los aspectos técnicos del plan de la constitución del banco malo de las autopistas para asegurarse que Bruselas no quiera luego incrementar el ya de por sí abultado endeudamiento español.
La nueva empresa, la Empresa Nacional de Autopistas, sería pública e integraría, además de las radiales de peaje de Madrid, otras vías de pago como la circunvalación de Alicante, o los tramos de Alicante-Cartagena o de Cartagena a Vera. Todas estas vías están quebradas por mala planificación, exceso de endeudamiento y caída del tráfico.
Son casi una decena de concesionarias con unos 4.000 millones de deuda acumulada que, con el actual marco legal, la responsabilidad patrimonial supondría que el Gobierno debería acarrear con ella, mientras que con la nueva empresa nacional el coste se compartiría con bancos y empresas, resultando menos oneroso para las arcas públicas.
En principio, y a falta de que Hacienda otorgue el beneplácito, Fomento ya había conseguido que las constructoras y concesionarias aceptasen tener un porcentaje minoritario en esta sociedad de un 20%. El resto sería capital público a través de la capitalización de créditos participativos del propio Ministerio de Fomento por valor de 473 millones, valorando la nueva sociedad en unos 600 millones. La operación también incluye una quita de los bancos implicados, que se cifra en el 50%.
Mientras tanto, las sociedades que están detrás de estas autovías ruinosos se están saltando todos los plazos. La de Madrid-Toledo debía haber entrado en liquidación hace tres meses. Y no lo ha hecho a la espera de que se produzca la constitución de esta empresa salvadora. Para las constructoras que no hayan provisionado su participación en las radiales, el proyecto supondrá asumir importantes pérdidas que se reflejarán en sus cuentas de resultados.
