El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, junto con el decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, han presentado al Gobierno un proyecto conjunto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) que pretende evitar, mediante la intermediación entre las entidades bancarias y los deudores, el mayor número posible de ejecuciones hipotecarias.
Los Consejos Generales de la Abogacía Española y del Trabajo Social, sensibles siempre con los problemas sociales y cuyo ejercicio profesional está próximo a las demandas de la sociedad, unen fuerzas en este proyecto común basado en las OIH que ya están funcionando en varios municipios, gracias a acuerdos entre la administración pública y Colegios de Abogados, con la colaboración de los servicios sociales municipales, y que están logrando acuerdos en un 60% de los casos tratados.
La Abogacía Española y el Trabajo Social han solicitado al Gobierno que institucionalice este sistema de intermediación, previo a la interposición de cualquier demanda de ejecución hipotecaria para abordar de manera integral el problema de la pérdida de vivienda.
El modelo de OIH propuesto se basa en la estrecha colaboración entre los Colegios de Abogados y los servicios sociales públicos. El Consejo General del Trabajo Social aportará los instrumentos y formación sobre las técnicas necesarias para realizar un buen diagnóstico y pronóstico social específico. El Consejo General de la Abogacía Española de forma general, y los abogados de forma especial, aportarán su saber jurídico en materia procesal e hipotecaria, así como en técnicas de negociación.
Los beneficiarios de las OIH son personas, familias o unidades de convivencia empadronadas en el municipio, propietarios de una vivienda que estén o puedan verse afectadas por situaciones de riesgo residencial y que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias.
El proyecto genera un ahorro muy significativo tanto a nivel económico como social, ya que de los más de 7.000 euros que cuesta el proceso judicial de ejecución hipotecaria, se pasaría a un máximo de 350€.
La Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en España, el Consejo de Consumidores y Usuarios, CCOO, UGT, CSi-F, USO y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) han mostrado su apoyo a esta iniciativa.
