Santiago de Compostela. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de la Federación Gallega de Municipios, José Manuel Rey Varela, firmaron el 8 de abril un protocolo de actuación con el fin de detectar familias en situación de especial vulnerabilidad y adoptar medidas de carácter social que afronten un proceso de lanzamiento judicial.
El convenio establece un mecanismo según el cual cuando, en el desarrollo de un lanzamiento, se constate una eventual situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará inmediata cuenta al juez que conozca del asunto y que resolverá si procede decretar la suspensión hasta diez días del lanzamiento para que los servicios sociales actúen.
Dichos servicios sociales estudiarán las circunstancias de esa persona o familia, para ver si se puede acoger al programa de realojos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) o declinar la misma por considerar que las circunstancias no permiten concluir que se trate de una situación que entre en el marco o esfera de actuación de los servicios sociales. Una u otra decisión se comunicará al órgano judicial, el cual, si la propuesta fuera positiva, procurará adecuar la tramitación para garantizar la tutela y efectividad de los intereses legítimos de ambas partes, siempre con estricto cumplimiento de las leyes procesales.
En los procedimientos de desahucio por impago de la renta, con la cédula de citación a juicio y la copia de la demanda se acompañará un folleto informativo de los servicios y los programas de asistencia social de las diversas administraciones públicas. Cuando se detecte una situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará traslado a la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia o a los servicios sociales del municipio para que, con estricto respeto a la protección de datos de carácter personal, la Administración pueda realizar las gestiones necesarias para analizar el caso y adoptar las medidas encaminadas para asegurar la actuación de los servicios sociales.
La Xunta de Galicia destina un parque de 500 viviendas a disposición de las personas que se vean inmersas en un procedimiento de lanzamiento por ejecución hipotecaria o de un juicio por falta de pago de la renta.
Durante la firma del Convenio, Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ, destacó que este acuerdo es una cuestión de “justicia social” dirigida a evitar que un lanzamiento lleve al "desamparo total" a personas especialmente desvalidas o vulnerables. Así, resaltó que muchos ciudadanos se encuentran inmersos en procesos de ejecución que terminan con la subasta y la adjudicación de sus viviendas o en un procedimiento de desahucio por falta de pago, con el consiguiente riesgo de exclusión social.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, explicó el proceso a seguir. Cuando un juez advierta una especial vulnerabilidad de un afectado, “notificará el hecho a la comunidad autónoma, que automáticamente se pondrá en contacto con los servicios sociales de base de los ayuntamientos. De esta forma, los servicios sociales autonómicos y municipales buscarán la posibilidad de facilitar una vivienda social y, en segundo lugar, una vivienda en alquiler. "Cada vez que una familia pierde su hogar se resienten los pilares de la convivencia", apostilló el presidente gallego.
