Madrid. Pensaba el Partido Popular que con la reforma emprendida para reformar la Ley de Costas iba a calmar los ánimos de los miles de propietarios de viviendas que llevan toda la vida ocupando sus casas junto al litoral, y la verdad, a la vista de las movilizaciones que, dentro y fuera de España, se están llevando a cabo, no parece que, si esa era la intención, se hubiera conseguido. Todo lo contrario.
“El único fin que se persigue es meramente especulativo. Quitar a la gente su casa de toda la vida para crear playas artificiales, puertos deportivos y urbanizaciones privadas”, denuncia Carmen del Amo, presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC). Europea porque, entre los perjudicados, figuran familias de otros países que llevan décadas viviendo en casas afectadas por esta indefinición jurídica en la que se hallan.
Desde el Gobierno se defiende la reforma que se está tramitando –tras pasar por el Congreso ha sido remitida al Senado para que en abril salga definitivamente adelante– porque, en contra de las críticas vertidas, la reforma permitirá salvar por un plazo de 75 años más de 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas en la playa, además de evitar la ejecución de obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral.
Entre sus alegaciones, los afectados entienden que, tras esa concesión de hasta 75 años, lo que ha querido el Gobierno es volver a evitar reconocer la propiedad de estos inmuebles, y no tener que, por ello, llevar a cabo las expropiaciones pertinentes caso de que exista interés general, por parte de las administraciones, a la hora de proyectar una obra. “Estamos discriminados respecto al resto de ciudadanos. Fuera de toda norma por vivir en la costa. A los demás se les expropia y se les da la indemnización correspondiente, a nosotros no”, apunta Del Amo.
Una concesión sobre la que los afectados muestran suspicacias por las cláusulas abusivas que encierra. “En el fondo lo que buscan es que se pueda retirar dicha concesión, por mil y un motivos, sin recibir indemnización alguna”, subraya.
Los indultos tampoco han pasado desapercibidos, en relación a que hayan quedado fuera del dominio marítimo terrestre y la zona de servidumbre –cien metros a contar desde la línea de mar– diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, así como la isla de Formentera, lo mismo que es probable que ocurra, en el trámite final en el Senado, con el núcleo urbano de Moaña y con la isla de Arosa, en Galicia.
El escaso eco que desde hace años han tenido en los tribunales españoles las denuncias relativas a lo que está sucediendo en múltiples zonas del litoral, ha llevado a los afectados a trasladar sus reivindicaciones ante el Parlamento Europeo. En este sentido, acaba de recalar en España una delegación de la Comisión de Peticiones para evaluar, sobre el terreno, el alcance de las demandas.
A algunos de los europarlamentarios, como la danesa Margrete Auken, se les hace complicado comprender lo que sucede. “No se entiende cómo, con la Ley de Costas, se pueden expropiar y demoler casas y luego volver a construir”, expresaba. Y otros, como el alemán Peter Jahr, se mostraba convencido de que el Gobierno español “no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad, porque una concesión, o la ampliación de una concesión no es una compensación”, sentenciaba.
