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10.000 viviendas públicas vacías estarían disponibles para ser ocupados

Madrid. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el Informe Anual de la Institución correspondiente a 2012. Tras repasar las actuaciones más destacadas de 2012 y exponer una radiografía de las cifras de ese ejercicio, la Defensora ha avanzado las primeras conclusiones del informe sobre viviendas públicas vacías que está a punto de presentar a las Cortes Generales.

En este estudio, se analizan las causas del desajuste entre la necesidad de vivienda y el número de viviendas protegidas sin uso y se ofrecen recomendaciones. Entre ellas, crear o mejorar los registros de vivienda protegida, con datos que proporcionen las comunidades autónomas y los municipios utilizando parámetros similares que hagan posible evaluaciones de ámbito nacional.

También se propone aumentar la colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas; implantar una inspección más eficiente; perfeccionar los procedimientos de adjudicación de viviendas; y favorecer el alquiler de las viviendas públicas frente a la venta. 

El estudio, realizado con datos e informaciones proporcionados por las consejerías y organismos de Vivienda de todas las Comunidades y de Ceuta y Melilla, estima que muchas de las personas que necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de las miles de viviendas públicas que actualmente se encuentran vacías y disponibles.

En concreto, el estudio calcula que, sólo contando las que gestionan las comunidades autónomas -es decir más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública-, aproximadamente 13.500 están vacías, y de éstas 9.752 pueden considerarse disponibles.

Además, el Defensor del Pueblo ha pedido información a diez ayuntamientos de capitales con una población superior a 350.000 habitantes. Según la información recibida, estos núcleos de población gestionan 24.055 viviendas protegidas, de las cuales estarían vacías y disponibles por lo menos 427.

En opinión de la Institución, resulta ineficiente y poco aceptable que haya viviendas públicas vacías cuando hay decenas de miles de personas que padecen la falta de una vivienda adecuada.

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