Barcelona. El Gobierno de Cataluña ha iniciado los trabajos de redacción del nuevo Plan para el Derecho a la Vivienda, que priorizará los programas sociales de acceso a la vivienda y la reactivación del sector de la construcción residencial en las zonas con mayor demanda. El documento, que el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha presentado al Consejo Ejecutivo, sustituirá al plan anterior, cuya vigencia expiró el pasado mes de diciembre.
El Plan para el Derecho a la Vivienda está concebido como un marco de referencia con una vigencia indefinida, a diferencia de los planes cuatrienales elaborados hasta ahora. Responde a dos ejes prioritarios de actuación: la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda y evitar la exclusión social residencial y la necesidad de impulsar la actividad del sector de la construcción para recuperar el empleo en las áreas territoriales donde se considere necesario.
Así, el documento explicita los criterios para priorizar las diversas líneas de ayuda, recoge medidas de flexibilización para impulsar la construcción de vivienda protegida nueva, identifica áreas con riesgo de exclusión residencial y regula nuevos modelos de tenencia intermedia de vivienda.
Con la elaboración de este plan, el Gobierno se dota por primera vez de una regulación propia del régimen jurídico de la vivienda con proteccin oficial y de las diversas líneas de ayuda, especiamente relevante ante la incertidumbre sobre los recursos provenientes de el Estado.
En el marco del primer eje, los próximos 4 años el Gobierno prevé destinar 200 millones de euros a programas sociales. El acceso a la vivienda ya no puede basarse excusivamente en fomentar la compraventa de obra nueva. De hecho, el 86% de los inscritos en el Registro de solicitantes de viviendas con protección oficial solicitan pisos protegidos en régimen de alquiler. Asimismo, el 89% de los hogares inscritas en el registro tienen unos ingresos iguales o inferiores a 18.565 euros anuales.
Las medidas previstas para facilitar el acceso a la vivienda son:
1.Evitar la pérdida de la vivienda por motivos económicos
– Extiende a las familias que ya han perdido sus casas las ayudas urgentes para personas en riesgo de desahucio. Se otorgarán hasta 3.000 euros anuales para pagar el alquiler de otro piso y los gastos de la fianza. Se calcula que se podrán beneficiar 2.000 familias que han sufrido una ejecución hipotecaria. Esta cifra llegará hasta las 4.000 familias, si se añaden las ayudas preventivos para los hogares que se encuentren en riesgo de desahucio.
– Refuerza las ayudas a residentes del parque público de vivienda para los inquilinos puedan continuar en su piso. Un total de 1.272 familias recibieron estas prestaciones en 2012, el 10,8% de las residentes en el parque público. Este año se prevé ayudar hasta 1.600 familias.
– Crea un nuevo mecanismo para actuar en las áreas con riesgo de exclusión social y degradación urbana, donde se podrán desarrollar actuaciones específicas.
– Reafirma el apoyo a las entidades que facilitan alojamiento a personas con problemas de integración social mediante la Red de Viviendas de Inclusión. Actualmente, dispone de 973 pisos donde se alojan más de 5.000 personas.
– Incorpora plenamente la Mesa de emergencias sociales, un organismo, creado en 2012 por la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC), que permite adjudicar pisos del parque público a familias en situaciones de emergencia social.
– Posibilita nuevos modelos de tenencia intermedia de viviendas que permitirán que familias con problemas para pagar sus préstamos pacten con las entidades financieras titularidades compartidas o temporales para poder continuar en su piso. Aparte de evitar desahucios, la medida también facilita el acceso a la vivienda.
– Institucionalizar el Ofideute, el servicio de mediación entre las familias con deudas hipotecarias y los bancos. Ha atendido casi 3.000 familias desde su creación en 2010. El 55% de los casos cerrados lo han hecho con un acuerdo entre las partes.
2. Facilitar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles
– Establece criterios para priorizar los colectivos más vulnerables en la concesión de las ayudas al pago de la vivienda, como son las familias en riesgo de desahucio, los residentes en pisos de bolsas de mediación o en viviendas nuevas protegidas, jóvenes y mayores. El año pasado 17.993 familias recibieron esta prestación.
– Simplifica y flexibiliza los procesos de adjudicación de VPO, lo que permite un acceso más rápido a las familias solicitantes.
3. Incentivar la puesta en alquiler de pisos vacíos
– Reafirma la continuación del programa de mediación, con el objetivo de sacar viviendas privadas desocupadas al mercado de alquiler social. En el año 2012 se movilizaron 2.587 pisos, de los 10.000 viviendas que forman parte de este programa.
– Enfatiza la necesidad de captar pisos titularidad de las entidades financieras, de la SAREB y del Fondo Social de Vivienda para ponerlos en alquiler.
– Extiende las garantías de alquiler en los casos de pisos de mediación y de cesión, para incentivar que propietarios y entidades financieras destinen viviendas a alquiler social.
