Las inmobiliarias y la bula del Gobierno

Madrid. Se repite de nuevo la historia. Muchas empresas, entre ellas algunas de las grandes inmobiliarias, están de nuevo en causa de disolución al tener un patrimonio neto inferior a la mitad de su capital social, como establece la Ley de Sociedades Anónimas, y deberán, por tanto, entrar en concurso. Salvo que nuevamente el Gobierno, como lo llevan haciendo los respectivos Ejecutivos desde el año 2008 –antes el presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el que encabeza Mariano Rajoy– vuelva a aprobar la prórroga que evite a un buen número de empresas cumplir la ley.

El año pasado, la prórroga fue introducida por el Gobierno en la Disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, publicado en el BOE del 3 de febrero, con lo que ya está vencido el plazo. Es más, en esa disposición se alude a la aplicación de nuevas prórrogas.

“Se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante el ejercicio social que se cierre a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre”, recogía la disposición.

Las sucesivas prórrogas han evitado que tres partidas del balance, las que aglutinan los activos inmobiliarios, como son el inmovilizado materal, las inversiones inmobiliarias y las existencias, computasen como pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social en la sociedad anónima y de disolución en la sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

Como resulta evidente, estas moratorias lo único que hacen es la vista gorda sobre un gran problema, pero ni mucho menos lo solucionan. Un simple parche para evitar aplicar la ley al asumir la depreciación de valor que ha sufrido los activos, tanto suelos como edificios.

Reyal Urbis y Martinsa-Fadesa son las dos grandes inmobiliarias a las que ni siquiera esta moratoria contable ha evitado que entrasen en causa de disolución. Ambas han ido parcheando el tema con la conversión de crédito sindicado en participativo para equilibrar el balance.

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