Madrid. Lo del anuncio de otorgar permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda en España por un precio superior a 160.000 euros, realizado por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, habrá que ver si se trata de un mero ‘globo sonda’ o de un proyecto más que estudiado por el Gobierno, como luego dejó entrever el propio presidente del Gobierno, cuando señalaba que algo había que hacer para vender el stock existente y, de paso, si se puede, activar un sector, como el inmobiliario, que requiere de gran cantidad de mano de obra. “Necesitamos vender esas viviendas a precios razonables y que el sector pueda salir adelante”, decía Mariano Rajoy ante la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
En principio, y a falta de conocer la ‘letra pequeña’ de la normativa, la medida no tiene por qué ser negativa. Todo lo contrario. Si la demanda nacional tiene, hoy por hoy, muy restringido el acceso a la vivienda, ante la situación económica de las familias y las dificultades para obtener financiación, pues habrá que buscar a esos clientes solventes que sí pueden hacerlo y sin tener que endeudarse.
No obstante, algunas dudas surgen a bote pronto en esa regulación futura de esta medida, como puede ser el hecho de que las compras se realicen como una mera operación especulativa y de manera masiva por sociedades, en cuyo caso, lo del permiso de residencia obtenido por uno de los compradores sería un simple paripé para acceder a esa compra. Se obtiene el permiso, se efectúa la compra y, luego, si te he visto no me acuerdo. Se cierra el piso y se espera tranquilamente a que en un futuro, más o menos cercano, se pueda proceder a su reventa para obtener una plusvalía.
El Gobierno se quitaría un peso de encima, reduciendo ese ‘stock’ de viviendas invendibles que tan dañinas consecuencias está teniendo sobre la economía nacional, y además volvería a abrir esa veta de ingresos fiscales prácticamente cerrada desde hace cinco años, pero podría volver a crear una nueva burbuja si las cosas no se hacen bien y con un mínimo de control. “No creemos burbujas que nos exploten en las manos”, ha advertido el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell.
El anuncio del Gobierno concuerda con el desplome que ha supuesto la compra de inmuebles entre extranjeros no residentes en España. Según datos del Ministerio de Fomento, al tiempo que las ventas se desplomaban en el mercado español, las operaciones con extranjeros caían un 85,5% desde el comienzo de la crisis.
A lo largo del primer semestre de este año sólo se han vendido 1.363 viviendas a extranjeros no residentes en España, muy lejos de las 9.407 que se vendieron en el mismo periodo de 2006, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, si comparamos este semestre con el mismo periodo de 2011, la compra de viviendas por no residentes ha repuntado un 12,7%. Con la medida, el Gobierno pretende acentuar esta tendencia.
