Madrid. Si es que en este país, no aprendemos nunca. Con el asunto de las cooperativas de viviendas, siempre lo mismo. Desde hace varias semanas la gestora de viviendas Domo lleva ofertando una promoción de 220 viviendas, vinculada a la cooperativa EAI 310, supuestamente formada por los padres de escolares de los colegios de la zona de Chamartín, al norte de Madrid.
Si uno entra en la página web de la gestora, el asunto tiene una pinta como de estar todo en orden. Un folleto de más de 58 páginas, un sinfín de planos, un anteproyecto encargado, y hasta un precio, de unos 385.000 euros por una vivienda de tres dormitorios. Precio, por cierto, que se ha incrementado en las últimas semanas ante la demanda existente en 100.000 euros desde el coste inicial.
No le falta ni una buena publicidad. “Exclusiva promoción de 220 viviendas en altura en una de las mejores zonas de Madrid (Chamartín). En urbanización cerrada con jardines, zonas deportivas y piscina. Todas las viviendas, de 2, 3, 4 ó 5 dormitorios disponen de al menos una plaza de garaje y trastero. Se distribuyen en torno a cuatro bloques, de 7 y 14 alturas. En urbanización cerrada con jardín, piscinas, 2 pistas de pádel y zonas comunes. Se trata de un estudiado proyecto, que da como resultado unas amplias y luminosas viviendas, con ventilación cruzada y cuya distribución permite un perfecto aprovechamiento de los espacios. Con un diseño atractivo y moderno, el proyecto consigue integrar dentro de un entorno exclusivo, un alto nivel de calidades con unos costes tremendamente competitivos”, se lee en el folleto.
Todo en orden, menos una cosa. El suelo donde supuestamente van a llevar a cabo el proyecto es propiedad del Ayuntamiento de Madrid y sigue estando ocupado por el Área de Urbanismo municipal, en vísperas de trasladar sus dependencias al Edificio Apot, en el Campo de las Naciones.
La venta del solar quedó desierta hace un mes, ya que nadie ofertó por los 65 millones de euros que pedía el Ayuntamiento. Se está a la espera de que se concrete el nuevo proceso de licitación al que, supuestamente, debería acudir la cooperativa para llevárselo. Si no, esto no hay quien lo entienda.
Mientras se sustancia este pequeño detalle para el devenir de la promoción –la compra de la parcela donde construir los pisos–, la cooperativa sigue aumentando el número de socios. En el plan de pagos, se exige inmediatamente 300 euros para la inscripción en la sociedad, a los que habrá que añadir 15.000 euros de inicio para las garantías ante la Administración, así como el ingreso del 25 por ciento del precio de la vivienda. No hablamos precisamente de cantidades pequeñas.
