Madrid. El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto Ley por el que se adoptan una serie de medidas para liberalizar el transporte ferroviario nacional de viajeros. En concreto, el Gobierno ha establecido un calendario en virtud del cual se fija la apertura del mercado del tráfico de viajeros nacional por ferrocarril a partir del 31 de julio de 2013, tanto para servicios que discurran sobre la red de Alta Velocidad como para los de red de ancho ibérico convencional y métrico.
De esta manera, el Grupo Fomento inicia un proceso de racionalización y eficiencia del sector ferroviario con el objetivo fundamental de ofrecer un mejor servicio a los 500 millones de viajeros anuales, mejores precios -por la entrada de competencia- y una mayor y más eficiente oferta de movilidad. La competencia en el transporte ferroviario redundará en beneficio de los usuarios y supondrá una dinamización del sector económico vinculado a esta actividad.
Para prepararse de cara a la liberalización del mercado, el Real Decreto Ley establece que Renfe quedará estructurada en cuatro sociedades, cuyo objeto social incluirá las funciones y obligaciones de la unidad de negocio de viajeros; de la unidad de negocio de mercancías y logística; de la unidad de negocio de fabricación y mantenimiento; y de realización de operaciones de arrendamiento y otras vinculadas al activo ferroviario.
La oportunidad de constituir estas sociedades viene determinada por el diferente tratamiento que requiere cada área. Esta estructura, que mantiene la coherencia de las áreas de negocio de la empresa, permite una adaptación más flexible a las nuevas condiciones. Las sociedades estarán participadas al 100% por Renfe Operadora.
El Decreto establece también la integración de FEVE en Renfe y Adif, en el marco del Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, del 17 de marzo de 2012.
De este modo, se segrega la parte de infraestructuras, que pasa a Adif, de la parte de operación, que pasa a Renfe, para ganar en eficiencia, racionalidad y economías de escala.
El Gobierno definirá qué servicios de media distancia someterá a Obligación de Servicio Público (OSP) atendiendo a criterios de eficiencia económica, medioambiental y social. Por último, elevará al Consejo de Ministros una propuesta de reestructuración de infraestructuras y servicios ferroviarios.
