Madrid. Han pasado 9 años de la entrada en vigor de la Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que instaba a los Estados miembros a velar por la implementación de un documento que informara a los ciudadanos sobre el comportamiento energético existente en las viviendas. Sin embargo, este certificado de eficiencia energética, puesto a disposición del posible comprador o inquilino, todavía no se ha desarrollado en nuestro país.
En España solo el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, publicado en el BOE de 31 de enero de 2007, transpone parcialmente la Directiva europea estableciendo el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Y solo algunas Comunidades Autónomas lo han desarrollado y habilitado un registro propio. Una situación, la española, que difiere totalmente de la experimentada en otros estados europeos, como Austria, Francia y Finlandia, por poner un ejemplo, en donde todas las viviendas en venta o alquiler deben disponer del certificado oportuno.
Son muchas las voces que se han alzado para reclamar la necesidad de incorporar la normativa europea al ordenamiento español, pero la más enérgica es la que ha promovido la Fundación la casa que ahorra (@Lacasaqueahorra). Utilizando la conocida red social twitter ha lanzado una iniciativa global que sensibilice y haga llegar a la ciudadanía en general y a los actores implicados en particular el derecho que todos tenemos a estar informados sobre la demanda energética de las viviendas que habitamos o que queremos comprar o alquilar. Por todo ello, el 4 de enero nos animan a hacer de altavoz de esta situación escribiendo en todos los tuits el hashtag #EtiquetaEnergetica.
Sin entrar en valorar cuáles serían los costes reales y cómo se tendría que articular este certificado en los edificios existentes en España, “lo cierto es que una vez que se consiguiese alcanzar lo que en Francia lleva un año realizándose, el propio mercado primaría a aquellos que hubiesen invertido y apostado por reducir la demanda energética de sus propiedades”, manifiesta la Fundación la casa que ahorra. Pero antes, obviamente, debemos conocer cómo se comporta nuestro edificio en términos energéticos.
Y es que si nadie a día de hoy compraría un electrodoméstico sin conocer previamente la clase energética del mismo, ¿por qué no puede ser así a la hora de comprar o alquilar una vivienda? ¿No tenemos derecho a saber si el inmueble puede tener un gasto energético mínimo, medio o alto a lo largo del tiempo? Dicho de otro modo, ¿cómo podremos asumir lo que se ha venido en llamar la “hipoteca energética” sin un documento que certifique su idoneidad?
