Reyal Urbis inicia un nuevo proceso de negociación de su deuda con las entidades financieras

Madrid. “Ante el continuado deterioro de la situación general del sector inmobiliario, y con el fin de garantizar la estabilidad de su actividad en el medio y largo plazo, Reyal Urbis ha
decidido iniciar un nuevo proceso de negociación con sus entidades financieras con vistas a adaptar su plan de negocio y su endeudamiento a las circunstancias de mercado”. Así empezaba el comunicado remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el grupo presidido por Rafael Santamaría.

Una decisión que se toma ante los resultados obtenidos en el primer semestre de 2011 que, a dos años vista de que se amortice el pago del primer plazo de la deuda formalizado en el acuerdo suscrito en mayo de 2010, ya vislumbran que, de no alcanzar un nuevo acuerdo, la inviabilidad de afrontarlo con un mínimo de garantía y solvencia.

Como parte del referido proceso de negociación, Reyal Urbis ha solicitado a un grupo de sus principales acreedores financieros la constitución de un Comité de Entidades Coordinadoras (Steering Committee) para que asuma la coordinación del proceso de negociación entre las entidades financieras acreedoras.

Al igual que en pasadas ocasiones, Reyal Urbis también hace referencia en la nota remitida a la CNMV que comunicará puntualmente al mercado, mediante la difusión de la oportuna información relevante, los principales hitos de este nuevo proceso, así como los términos de cualquier acuerdo que pueda resultar de las negociaciones entre Reyal Urbis y sus acreedores financieros.

Las líneas básicas del acuerdo firmado en mayo de 2010 pasaban por extender la fecha final del crédito sindicado hasta diciembre de 2016, reducir en 750 millones de euros la deuda financiera, hasta los 3.750 millones de euros, mediante venta a las entidades financieras de suelo residencial y 400 viviendas, así como formalizar una línea de liquidez por 286 millones de euros, (incluidas las cifras mencionadas), que se transformará en préstamo participativo en función de la necesidad de reforzar los fondos propios, con amortización en diciembre de 2016, y de otra, por 35 millones, para atender las necesidades de tesorería.

 

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