Madrid. La crisis económica en la que llevamos inmersos ya tres años ha llevado a una disminución drástica de la actividad privada, (no sólo en el sector inmobiliario), y al mismo tiempo, a una reducción de las arcas públicas que en la actualidad supone un riesgo para la estabilidad financiera del Estado así como para el mantenimiento de las prestaciones sociales a las que se destinan gran parte de los fondos públicos. Y lo cierto es que se pretende mermar este proceso de erosión de las cuentas públicas aumentando todavía más la presión fiscal sobre la actividad empresarial que, curiosamente, debería ser la que encabezara el inicio de la recuperación económica, y por tanto, debería estar protegida de aumentos de impuestos, por no hablar de que sería deseable una reducción de los mismos para precisamente impulsar la iniciativa privada y evitar la emigración de los jóvenes o su posicionamiento laboral en sectores poco productivos como el de los funcionarios estatales. Esta supuesta reducción de impuestos a la iniciativa privada empresarial se podría contrarrestar con la subida de los impuestos indirectos, que teóricamente tiene menos impacto en la cuenta de resultados.
Pero es evidente que nuestra realidad es muy distinta y que actualmente, en el sector inmobiliario, no se plantea solventar dos de los problemas más importantes, (a excepción del elevado precio del suelo): la excesiva presión fiscal sobre la actividad urbanizadora y los bienes inmuebles, y la excesiva burocratización e incumplimiento de plazos por parte de la Administración Pública de los procesos de dicha actividad.
Respecto a la presión fiscal que sufre el sector inmobiliario, queremos dejar constancia de que es difícil que el precio de la vivienda pueda contenerse en los ciclos expansivos del sector cuando al elevado precio del suelo se le suman las altas cargas que se aplican en el proceso urbanizador; en efecto, los promotores inmobiliarios, (Sociedades, particulares, cooperativas, etc.), deben pagar el IVA del 18% en la compra del suelo, (teniendo en cuenta que dicho impuesto repercute de manera directa en la vivienda que se construirá sobre éste), el IVA de toda la actividad profesional relacionada con el proceso de urbanización más las tasas administrativas del mismo, aparte de los intereses de los créditos contratados para desarrollar dicho proceso, teniendo en cuenta que los plazos de cumplimiento de la Administración Pública en cuanto al otorgamiento de permisos, licencias, y aprobaciones de expedientes superan con creces los límites establecidos por la Ley. ¿Alguien cree que es sostenible que el plazo mínimo para el desarrollo de un Suelo Urbanizable ronde los cinco años? ¿Cuánto se tarda en desarrollar un Plan Parcial?: un mes para el proyecto y seis meses para un informe medioambiental que ya está implícito en el Planeamiento General que determina que el suelo es Urbanizable, dos años para la aprobación definitiva, en ocasiones muchos más, otros meses para las licencias de obra, etc. De modo que cuando el promotor inmobiliario ponga a la venta los inmuebles del desarrollo es muy posible que se encuentre con un ciclo bajista y todas sus perspectivas de venta tengan que ser modificadas. Pero sin olvidar de que gane o pierda dinero en la inversión, tendrá que pagar a Hacienda hasta un 30% de los ingresos realizados. La promoción inmobiliaria ha perdido atractivo en España; el precio del suelo sigue siendo elevado, la presión fiscal es agobiante y la crisis hace el resto.
Y por si fuera poco, los compradores de vivienda, aparte de la restricción del crédito a la que se ven sometidos, tienen que soportar el IVA (reducido) recientemente aumentado del 8% en el caso de vivienda nueva, las cuotas hipotecarias, los gastos de escritura, AJD, el IBI (que sube cuando la vivienda baja), las cuotas municipales de basuras, los impuestos sobre reformas, instalaciones, los impuestos sobre el incremento de valor en fincas urbanas… Lo cierto es los gastos adicionales por la compra de una vivienda son tales que un comprador que desee vender una vivienda recién adquirida tendría que hacerlo un 10% más caro para como mínimo, no perder dinero en la operación.
Cuando la actividad privada profesional está gravada proporcionadamente, se crea empleo, riqueza económica y las arcas públicas aumentan, pero si por el contrario, se pretende solventar el déficit público a base de una presión fiscal desproporcionada sobre la actividad privada y sobre los bienes inmuebles, lo único que se consigue es ahogar al sector económico privado para mantener la escala de un sector público sobredimensionado e ineficiente en muchas de sus facultades. Y al mismo tiempo, mermar la economía de las familias, que tienen que ver cómo adquirir una vivienda se convierte en un calvario de gastos adicionales abusivos e innecesarios.
¿No sería recomendable reducir la presión fiscal sobre los sectores productivos y tratar de paliar el problema del déficit público mediante el adelgazamiento de la Administración Pública? ¿Y acaso no es el sector Inmobiliario-Constructor un sector productivo?
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