Madrid. Como ya se preveía, la resolución de Convergencia i Unió (CiU) para que la entrega de la vivienda zanjara la deuda hipotecaria no salió adelante ayer en el Congreso de los Diputados. Únicamente, como medida paliativa, sí fue considerada la moción respaldada por el PSOE y la propia CiU para pedir al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero que el Ejecutivo estudie acciones encaminadas a limitar las consecuencias de los embargos por impago de las cuotas hipotecarias.
Entre estas medidas, la de incrementar la cantidad que no se puede embargar de salarios, pensiones u otras retribuciones para responder a la deuda pendiente de una hipoteca ejecutada, siempre que la vivienda ejecutada sea la única y sirva de residencia habitual al deudor, y que se tenga en cuenta el número de hijos residentes en esa vivienda.
Además, y para equiparar a lo que sucede con las empresas y demás personas jurídicas, en la moción dirigida al Gobierno por PSOE y CiU se solicita modificar la ley hipotecaria para que la ejecución pueda ser paralizada cuando el deudor sea una persona física incursa en un procedimiento concursal.
También se reclaman medidas tendentes a incluir, de forma pactada, en la escritura de constitución de las hipotecas que la obligación garantizada de pago se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados y no sobre otro patrimonio del deudor. Además, defiende que se fomente la mediación entre las familias y las entidades financieras para la solución de impagos de hipotecas, y que se posibilite, en caso de que se pierda la propiedad, la permanencia en la vivienda en alquiler.
Por otra parte, la moción insta al Ejecutivo a que se favorezca la transparencia y la información sobre los créditos hipotecarios, en especial en lo que se refiere a los seguros de protección ante los cambios de tipos de interés o ante la eventual situación de desempleo o incapacidad temporal del prestatario.
UGT, en la misma línea
En línea con esta preocupación, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha emitido un comunicado ante el alarmante incremento de ejecuciones hipotecarias que, según sus cálculos, habrá llevado a más de 280 familias (un millón de ciudadanos) a quedarse sin su vivienda habitual. Por ello, reclama la intervención urgente para buscar alternativas a los desahucios, embargos y ejecuciones hipotecarias que se están produciendo.
Actuaciones que, según el sindicato, deberían encaminarse a facilitar acuerdos entre prestamistas y prestatarios, con un organismo mediador que evite la judicialización y venta directa de los inmuebles sin arbitraje; modificar la normativa para posibilitar la dación en pago por la totalidad de la deuda como fórmula para satisfacer las deudas de los prestatarios y, por último, articular convenios entre el Ministerio de Fomento, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y las entidades financieras para que las viviendas embargadas fruto de las ejecuciones hipotecarias puedan ser alquiladas por los propietarios desahuciados, garantizando que no destinen más del 30% de sus ingresos a este fin y el cobro de las rentas a las entidades financieras.
