Según el informe “La vivienda en alquiler en 2022” de Fotocasa “El coste del arrendamiento en España supera las cifras registradas en el año de burbuja inmobiliaria de 2007, marcando un nuevo récord en la historia del precio del alquiler de vivienda con 11,03€/m²”. Alega dicho informe la confluencia de varios factores. En primer lugar, se observa un incremento de la demanda de alquiler (16%) muy superior a la oferta (3%). En segundo término, se ha producido una contracción de la oferta de viviendas en alquiler debido al auge de la compraventa, por lo que muchos propietarios han retirado su vivienda de alquiler. Por último, los propietarios de viviendas han entendido que se ha producido una sobre regulación derivada de la limitación de la subida de precios del alquiler al 2%, que ha llevado a que el 4% de los propietarios mantengan sus casas vacías debido a la inseguridad jurídica existente.
En este contexto conviene evaluar cual es la contribución que la Ley por el Derecho a la Vivienda puede tener de cara a ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a este bien. Para ello dicha norma establece un conjunto de medidas orientadas, entre otras cuestiones impulsar las viviendas públicas. Es en este punto en el que deseo centrarme en este artículo.
La ley plantea regular los parques públicos de vivienda para evitar operaciones de venta a fondos de inversión y calificar de forma indefinida la vivienda protegida por un periodo de al menos 30 años para eliminar la especulación. También establece un porcentaje mínimo de 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida e incrementa los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30 al 40% en el suelo urbanizable, y del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado. Por último, establece la creación y mantenimiento de un inventario del parque público de vivienda.
Con estas y otras medidas el gobierno plantea movilizar recursos públicos con el objetivo de conseguir poner en pie un parque público de más de 200.000 viviendas destinadas sobre todo a alquiler asequible que sumar a las aproximadamente 209.000 que hay ahora mismo.
Todo ello debería contribuir a un aumento sustancial de la oferta de vivienda pública destinada a alquileres a un precio social, y a reducir la especulación con la misma. En este sentido, podría ser una medida eficaz para reducir la tensión de los precios de los alquileres y facilitar realmente acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables o de rentas medias mas bajas.
El parque de vivienda social en nuestro país – porcentaje de vivienda social sobre el total de hogares – es muy inferior a la media de los países de la Unión Europea, pues representa tan solo el 2,5% frente al 9,3% comunitario. Ello significa que existe una gran oportunidad de mejora, ya que tendríamos que incrementar nuestro parque de vivienda pública en casi un 8% para llegar a la media de nuestros vecinos.
Adicionalmente, hay que considerar que la vivienda de protección oficial construida en los últimos años se ha reducido de forma muy importante. El máximo anual se alcanzó en 1997 con más de 85.000 viviendas construidas, mientras que en 2021 apenas se superaron las 9.500.
El problema se acentúa en la actualidad debido a que la escasez de oferta de vivienda protegida surge en un momento en el que resulta complicado acceder a una vivienda ya que el incremento del Euribor está elevando de forma notable el coste de las hipotecas y el precio de los alquileres representa alrededor del 80% del sueldo de los jóvenes.
En mi opinión, la potenciación de la vivienda pública para alquileres a precio social va en la buena dirección. No obstante, sería bueno que además de las medidas mencionadas anteriormente el estado garantice la seguridad jurídica de todos los españoles, incluidos los propietarios de viviendas. La laxitud de las leyes que facilitan la ocupación de viviendas, la expropiación de las mismas por el hecho de estar vacías, o el control de precios de los alquileres, tan solo conseguirán ahuyentar a los posibles inversores y propietarios de vivienda incidiendo consiguen todavía más en la escasez de oferta existente y agravando aún más un problema que afecta no solo a nuestra juventud, sino a muchas familias.
Garantizar el acceso a la vivienda debe ser uno de los objetivos principales del gobierno y de la sociedad, Para ello es conveniente aumentar la oferta de vivienda pública a precios razonables y garantizar la seguridad jurídica de los españoles en paralelo, pues se trata de dos medidas no solo compatibles, sino complementarias.
