La Generalitat Valenciana está poniendo toda la carne en el asador para captar el mayor número de viviendas una vez entre en vigor la Ley de la Función Social de la Vivienda, cuyo anteproyecto ha elaborado la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Los responsables autonómicos saben que sin un acopio de inmuebles suficientes, la ley estará abocada al fracaso.
Por eso, en la norma legal se recogen numerosas medidas de estímulo para que los propietarios dejen aparcadas las tradicionales resistencias y no tengan reparo alguno en derivar sus inmuebles hacia la bolsa que se forme para cubrir las necesidades habitacionales de los colectivos sociales más vulnerables.
Se trata de evitar la prolongada desocupación de las viviendas de manera injustificada, ya que el 15% de las viviendas de toda la Comunidad Valenciana están vacías, según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone unas 500.000 en todo el territorio valenciano.
Por eso, se busca establecer un sistema voluntario de obtención de viviendas privadas para su puesta en alquiler, de manera que los propietarios gocen del aseguramiento de los riesgos inherentes a la ocupación de las viviendas, de cara a garantizar el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad civil, la asistencia del hogar y la defensa jurídica.
La norma también contempla que el Ejecutivo valenciano podrá adoptar la iniciativa para alquiler solidario de pisos vacíos que necesitan algún tipo de rehabilitación, y cuyos propietarios no pueden asumir los gastos para su mantenimiento y rehabilitación, pero sí quieren conservar la propiedad.
Los propietarios que se quieran acoger a estas medidas podrán ceder su vivienda a la Generalitat para que, a través de la red de intermediación, se disponga para su arrendamiento por un período máximo de seis años.
A cambio, cobrarán una renta mensual por el importe que se regule reglamentariamente y contribuya a los gastos ordinarios de la vivienda a cambio de tener su propiedad arreglada y en uso.
El departamento dirigido por la consejera María José Salvador será el encargado, en estos casos, de hacer el estudio económico y rehabilitación pertinente, gastos que junto con todos los derivados de la gestión, se repercutirán en el propietario.
