Madrid. La Asociación para el fomento del alquiler y el acceso a la vivienda ha pedido que la futura desaparición de la Sociedad Pública de Alquiler, anunciada ayer por la ministra de Fomento, Ana Pastor, debería invitar a una reflexión sobre la ineficacia de la iniciativa pública que ha presentado tanto éste como otros organismos a la hora de garantizar una mínima seguridad a los propietarios de pisos en alquiler.
“Para activar el mercado del alquiler es necesario que el propietario de una vivienda tenga garantías de que va a cobrar la renta o que va a encontrar una solución rápida en caso de impago por parte del inquilino, pero para eso se necesitan iniciativas firmes y las que representan entidades públicas como la SPA u otras de carácter territorial han sido un ejemplo de todo lo contrario, lo que no ayuda a generar el clima necesario para fomentar el alquiler”, ha explicado el gerente de Arrenta, Carlos Ruiz.
Ruiz ha recordado que desde hace meses la SPA había decidido dejar de pagar las rentas de aquellas viviendas que se quedaban vacías y a la espera de un nuevo inquilino, como se venía haciendo con anterioridad. “Esto suponía ya un grave incumplimiento con los propietarios, que habían reducido el precio de los alquileres para acogerse a las condiciones de la Sociedad Pública de Alquiler”, ha añadido. En esa línea se ha preguntado “qué sucederá con estos arrendadores” y “quién les reembolsará por los daños causados”.
Pero no es el único caso. Desde Arrenta se recuerda como tanto la SPA como otras entidades públicas han ido variando sus políticas de apoyo al alquiler y, por ejemplo, con motivo de la crisis han suspendido o congelado las ayudas a los arrendatarios a la hora de alquilar, lo que ha provocado impagos y, en consecuencia, ha minado la confianza de los arrendadores.
En opinión de Arrenta, el mal funcionamiento de la SPA y su ya anunciada desaparición muestran lo que ya había venido denunciando esta asociación desde hace años, como es que el organismo público y otros similares impulsados desde comunidades autónomas y ayuntamiento no estaban cumpliendo adecuadamente su función de garante del alquiler. “Para fomentar el alquiler es necesario que el propietario sienta que hay alguien que puede responder en caso de problemas y eso no lo han sabido garantizar las iniciativas públicas”, ha continuado Carlos Ruiz.
Una morosidad que era además mayor en los alquileres gestionados por la SPA, donde alcanzaba el 8% de los casos, mientras que en aquellos garantizados mediante el servicio de arbitraje y cobro de rentas impagadas, los conflictos apenas alcanzan el 0,5%. En el caso de Arrenta, además, el 25% de los casos de impago se solucionan sin necesidad de llegar al procedimiento arbitral, mientras que la mitad del 75% restante, se solventan en un plazo de un mes.
“La iniciativa privada ha demostrado que conoce mucho mejor el mercado del alquiler y las necesidades del sector que la pública y, por lo tanto, su funcionamiento es mucho más eficaz, como se ha demostrado por la progresiva pérdida de confianza en la SPA, mientras los servicios de garantía de alquiler crecían en porcentajes de dos dígitos”, concluyó el gerente de Arrenta.
Arrenta ha aprovechado para volver a pedir al Gobierno que ponga en marcha medidas que agilicen el arbitraje, dado que se ha mostrado como la más eficaz de las vías a la hora de garantizar una muy baja morosidad y una resolución rápida de posibles conflictos. Además, han recordado que, dada la situación de crisis económica y la más que previsible congelación de medios en la administración de Justicia, el arbitraje se impone como una alternativa ágil y sin coste para el presupuesto público.
Por último, la Asociación para el fomento del alquiler y acceso a la vivienda ha recordado que seis de cada diez contratos de alquiler cuentan con un servicio de garantía del cobro de la renta. Además, la contratación de estos servicios se ha incrementado un 95% en el último año.
