Las Palmas de Gran Canaria. La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha presidido el acto de firma de escrituras en el que un total de 63 familias residentes en viviendas en régimen de alquiler en Las Palmas de Gran Canaria, se convirtieron en propietarias. “En estos últimos cuatro años, cerca de 2.500 residentes en Gran Canaria, han conseguido la propiedad de las viviendas sociales en las que hasta la fecha residían en régimen de alquiler”, recalcaba la consejera.
Con esta medida, Rojas quiso hacer hincapié en la política social que en materia de vivienda está impulsando el Gobierno y, en este sentido, recordó que este cambio de régimen se realiza gracias a una “subvención del Gobierno canario que, cuando la situación es muy precaria, llega hasta casi el 99%, las ayudas más altas de todo el Estado”.
“Canarias entiende que la política de acceso a una vivienda es una política social, una forma necesaria para favorecer la integración en la sociedad de las familias con más dificultades, aquellas que no superan los 11.000 euros anuales y que en las islas pueden contar con viviendas construidas directamente por el Gobierno pagando unos alquileres adaptados a sus ingresos”, señalaba Rojas.
Los nuevos propietarios son adjudicatarios de una vivienda social que han accedido a la titularidad oficial de su inmueble a través de las distintas fórmulas y decretos que el Gobierno de Canarias ha dispuesto para facilitar el acceso a la propiedad en los últimos años. Se trata de viviendas ubicadas en diferentes barrios capitalinos como San Cristóbal, Cruz de Piedra, Pedro Infinito, Nueva Paterna y Feria del Atlántico, entre otros.
La mayoría de las familias reciben del Gobierno una subvención del 50% del precio lo que supone que optan a la compra por un precio medio que ronda los 7.000 y 9.000 euros por una vivienda de tres dormitorios. De este precio se les descuentan las mensualidades que han abonado durante el tiempo que han sido adjudicatarios de la vivienda en alquiler y además, se les dan facilidades de pago aplazadas que van de los 5 hasta los 25 años.
