VALLADOLID. El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, planteó a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en su visita a Valladolid, un acuerdo para movilizar el ‘stock’ de viviendas vacías de la comunidad recalificándolas como de protección oficial (VPO).
Corredor y el consejero de Fomento mantuvieron en Valladolid una reunión de la Comisión Bilateral en materia de Vivienda correspondiente al Plan 2009-2012 y, posteriormente, firmaron una treintena de convenios con municipios de la comunidad para la construcción o rehabilitación de un total de más de 4.800 viviendas.
En dicha reunión Silván quiso trasladar a la ministra la propuesta de la Junta para dar movilidad al ‘stock’ de unas 40.000 viviendas que no se han vendido en la comunidad mediante la recalificación de las mismas como de protección oficial, con el objetivo de continuar favoreciendo el acceso a la vivienda de las familias que necesitan este tipo de bien.
A juicio del consejero de la Junta de Castilla y León, las dos administraciones deben «reafirmar su compromiso de colaboración y unir fuerzas» para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos en una época de crisis económica, por lo que en estos momentos, apostilló, la política «no puede entender de siglas».
El acuerdo referido por Antonio Silván, destacó, cuenta con el aval del Consejo del Diálogo Social de la comunidad y la colaboración de la Federación de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de la Construcción de Castilla y León, las entidades financieras, notarios, registradores y gestores para convertir en viviendas protegidas el stock de viviendas libres. Según el acuerdo, se podrán ofrecer pisos en régimen de compra, de alquiler o de renta con opción de compra.
Por su parte, Beatriz Corredor subrayó «la potente mejora fiscal que la Ley de Economía Sostenible incorpora para el alquiler y la rehabilitación», ya que incluye, entre otras medidas, una nueva desgravación para obras de mejora de eficiencia energética, de accesibilidad o de ahorro de agua.
Los convenios suscritos hoy se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que, como explicó Corredor, beneficiará a más de 46.000 familias castellano y leonesas con una inversión estatal que supera los 440 millones de euros. En el caso de los acuerdos suscritos hoy, el Ministerio compromete 26,5 millones de euros para la construcción o rehabilitación de más de 4.800 viviendas.
Entre ellas, se incluyen planes para la edificación de 2.572 viviendas, de las que 2.183 son protegidas, y la rehabilitación o renovación total de 2.305 viviendas. Por su parte, la Junta de Castilla y León aportará una inversión superior a los 63,5 millones de euros para los ARI, y más de 4,4 millones para las actuaciones protegidas de suelo.
«MOTORES DE LA NUEVA ECONOMÍA».
La ministra incidió en que «los acuerdos alcanzados en Castilla y León impulsan la rehabilitación que, junto con el alquiler, va a ser, en el sector inmobiliario, uno de los motores de la nueva economía.
De hecho, aseveró que, aunque los resultados de esas políticas no son inmediatos, espera que en 2010 se pueda asistir ya a una «estabilización» y «reequilibrio» del mercado inmobiliario. Por ello, recalcó que la Ley de Economía Sostenible es «una herramienta para impulsar un cambio de modelo de crecimiento de nuestro país».
En cuanto al sector inmobiliario, añadió que tiene que crecer de forma más equilibrada y contando con el valor añadido de la rehabilitación, «una actividad muy intensiva en mano de obra más cualificada y que genera, además, actividad y empleo para empresas de materiales, auxiliares y contratistas».
