Le queda recurrir al Tribunal Supremo, pero a la promotora Construcuatro le van a salir caros los sobrecostes cobrados a los propietarios de más de 30 pisos protegidos construidos en 2006 en el barrio vigués de Navia.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha desestimado el recurso que la promotora había interpuesto contra el contencioso administrativo promovido por la Xunta de Galicia, por lo que tendrá que devolver 1,2 millones de euros por las cantidades cobradas de más.
El fallo del alto tribunal gallego también ratifica la multa, de casi 2,5 millones de euros, que la misma resolución de la Xunta le impuso a la empresa derivada de la mala praxis, que conlleva además seis años de inhabilitación para poder optar a la adjudicación de obras de vivienda pública.
El proceso se remonta a 2006, cuando los más de 30 afectados denunciaron que habían pagado sobreprecios por sus pisos de protección pública. Los recargos que la empresa cobró indebidamente oscilaban entre los 9.000 y los 31.000 euros, dependiendo de la vivienda.
Pero la demanda contra Construcuatro por la vía penal no prosperó y la Audiencia de Pontevedra acordó su archivo al no quedar suficientemente acreditado que hubo delito, aunque sí sobrecostes sobre el precio pactado.Estos sobreprecios no constaban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, pero sí en los libros de contabilidad y facturas de la constructora. Dos años más tarde, el asunto continuó por la vía contencioso administrativa.
La constructora se vio obligada a regularizar su situación con Hacienda y presentó una declaración de IVA complementaria para saldar sus deudas fiscales derivadas de los pisos en litigio.
La empresa justificó los sobreprecios en las mejoras adaptadas en las viviendas. En 2007, la Xunta abrió un expediente a Construcuatro, que concluyó en 2012 con una resolución definitiva en la que se obligaba a la empresa a devolver los sobreprecios y la sancionó a pagar una multa de más del doble del importe indebidamente cobrado.
Construcuatro recurrió esa resolución ante el TSJG y ahora, la Sección Segunda del alto tribunal gallego ha desestimado su recurso y ha confirmado el expediente de la Xunta en su integridad.
