Que la de Vivienda sea la primera ley promovida por el nuevo Gobierno valenciano no es algo casual. Se ha querido, con la tramitación de esta nueva norma, dejar claras cuáles son las intenciones del Ejecutivo presidido por Ximo Puig, de tratar de conseguir una «sociedad más justa y más equitativa.
Que lo logre, habrá que verlo en el futuro. De momento, esta semana, tras su prolija elaboración, el pleno del Consell aprobará el anteproyecto de Ley por la Función Pública de la Vivienda, con la que, en palabras del propio Puig, durante la presentación de la norma, se busca poner «todos los instrumentos e incentivos posibles para que 500.000 viviendas desocupadas se conviertan en casas para personas con dificultades».
La ley, dotada con 20 millones de euros anuales, pretende hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda asequible, digna y adecuada y dar respuesta a la demanda ciudadana al generar políticas públicas de vivienda y ampliar el parque público, así como evitar, en la medida de las competencias de la Generalitat, los desahucios de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Además, Ximo Puig ha resaltado que la ley quiere propiciar el impulso, el incentivo y la promoción de la vivienda y, además, tiene un componente económico, ya que quiere ayudar a un sector que está atravesando por tantas dificultades como es el sector de la construcción y la rehabilitación.
Para garantizar el derecho a la vivienda, el anteproyecto establece que la Generalitat dotará a los presupuestos de fondos económicos para consolidar, ampliar y mejorar el parque público de viviendas. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio deberá, en un plazo máximo de dos años, desarrollar un plan plurianual de rehabilitación y ampliación del parque público, que incluirá también la adaptación de un 10% de las viviendas para personas con diversidad funcional. Ante procesos de desahucio de vivienda habitual, por imposibilidad de hacer frente al pago de las cargas hipotecarias o de alquiler, se pondrán en marcha medidas que posibiliten la continuidad en el inmueble, aunque estas medidas, como se solapan con otras adoptadas por la legislación estatal (Ley de segunda oportunidad), se podrán aplicar cuando acabe su vigencia en mayo de 2017 o se derogue la ley.
