Ahora que se habla tanto de las necesidades que tienen las Administraciones Públicas, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, de contar con viviendas para ofrecérselas, mediante alquiler barato, a familias necesitadas a las que solo les queda esta vía para tener un techo en el que residir, en la Comunidad Valenciana resulta que el problema no es la falta de este tipo de pisos.
No. El asunto es que muchos de estos inmuebles no están en unas condiciones mínimas de habitabilidad. Hasta 600 viviendas del parque público de la Generalitat Valenciana estarían en esta situación de imposibilidad de ser ofrecidas para acoger a estas familias necesitadas.
Se trata de una de las realidades con la que se ha topado en el nuevo Ejecutivo autónomo, que trató de poner rápidamente a disposición de las familias estas viviendas, pero vio que resultaba imposible. Por ello, el departamento dirigido por María José Salvador ya se ha puesto manos a la obra para tratar de paliar el desaguisado, con la urgente necesidad de cambiar la política de vivienda, de manera que se faciliten alternativas innovadoras y, en todo caso, ante la falta de recursos, la cooperación y colaboración por parte de los ayuntamientos.
En la visita cursada a una de estas viviendas que se acaba de entregar tras su reforma en la capital valenciana, y tras criticar cierta dejadez por parte del Gobierno anterior, la consellera puso el énfasis en la necesidad de que cobre todo su peso el derecho a una vivienda digna como un derecho humano y fundamental.
En este sentido iría la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda que se ha empezado a elaborar, con la referencia inevitable a lo que en este sentido se ha llevado a cabo en Andalucía, para tratar de ir más allá del mero aspecto administrativo, y ver el asunto con un sentido transversal que respalde, en toda su extensión, este derecho subjetivo.
Lo primero en esta ímproba tarea pasaría por conocer con exactitud el número de viviendas vacías con el que se cuenta para, a partir de ahí, crear un registro de viviendas desocupados del que ir tirando para cubrir las necesidades que se vayan planteando.
De momento, y mientras se tramita el nuevo marco legal en las Cortes valencianas, la entrega de estas viviendas se canaliza a través del Programa Extraordinario de Alquiler de Interés Social, a disposición de aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio u otras causas que las pueden llevar a una situación de exclusión social.
