En Andalucía, las multas a los bancos y a la Sareb por no facilitar sus viviendas protegidas vacías a los registros municipales siguen su curso.
La suspensión parcial de la ley antidesahucios, hace un año, por parte del Tribunal Constitucional, tras el recurso presentado por el Gobierno central, no ha impedido, en absoluto, que los expedientes se sigan tramitando, y acaben, como están acabando, en la imposición de millonarias multas, que una tras otra están siendo recurridas por las entidades sancionadas.
Ahora le ha tocado el turno al BBVA. Son 1,62 millones de euros el alcance de la sanción. 60.000 euros por cada una de las 27 viviendas acreditadas que no se han ofrecido a los respectivos Ayuntamientos para ponerlas a disposición de ciudadanos afectados por desahucios.
Los pisos se encuentran en las provincias de Granada (siete), Cádiz (seis), Almería (cinco), Huelva (cinco), Málaga (dos) y Sevilla (dos).
Según la consejería, estas viviendas no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de inmuebles de protección pública y fijan los requisitos socioeconómicos para el acceso bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
La del BBVA se suma a las sanciones ya culminadas a otras dos entidades financieras por el mismo motivo: al Banco Popular, de 5,82 millones por 87 viviendas, y al Sabadell, con una multa de 120.000 euros por dos viviendas. Además, la consejería mantiene abiertos expedientes sancionadores a otras cinco entidades financieras por un total de 3,48 millones: Building Center (1,56 millones por 26 viviendas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 euros por 11 viviendas), Servihabitat (360.000 euros por 6 viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 euros por 2 viviendas).
También ha sancionado la Consejería de Fomento con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo, por obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas. Y mantiene abierto otro procedimiento contra la Sareb por 11,7 millones por incumplimiento del artículo 20m, al no haber puesto 98 viviendas, supuestamente, a disposición de los registros municipales de demandantes.
La ley de medidas para asegurar la función social de la vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad sino sólo algunos preceptos como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión.
