La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado al Tribunal Constitucional "celeridad" a la hora de resolver el recurso planteado por el Gobierno central contra la Ley de Función Social de la Vivienda en Andalucía, para permitir que cuanto antes pueda volver a estar en vigor y "proteger a las familias" en riesgo de desahucio.
Susana Díaz ha dicho en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz que esta norma, que ha sido recurrida en dos ocasiones por el Ejecutivo central, parte de la premisa de considerar la vivienda como un derecho no solamente sobre el "papel", sino que también se tiene que "ejercitar".
A su juicio, el argumento usado por el Gobierno central en su recurso de que la normativa andaluza podría afectar a la Sareb, el conocido como "banco malo", "no puede ser excusa para impedir al Gobierno andaluz hacer lo que tiene que hacer".
Díaz ha recordado también que la Junta viene entendiendo la construcción como un "instrumento al servicio de la transformación del modelo productivo" y, en ese sentido, ha indicado que el plan de construcción sostenible va a permitir realizar obras de rehabilitación en 6.963 viviendas, creando empleo y ayudando a las pymes.
La presidenta de la Junta ha adelantado, asimismo, que a principios de 2015 se aprobará el nuevo plan marco de vivienda y rehabilitación, que permitirá apoyar a las familias en riesgo de exclusión social.
En ese sentido, Susana Díaz ha anunciado líneas de apoyo a inquilinos con una dotación de 4,3 millones de euros, ayudas a los ayuntamientos para pasar sus VPO de régimen de venta a alquiler y una convocatoria de apoyo a las familias cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el IPREM.
Asimismo, la presidenta de la Junta ha destacado que su Gobierno aportará 41 millones de euros para complementar el plan estatal, con lo que la inversión en rehabilitación alcanzaría los 180 millones en Andalucía.
