Corresponsabilidad, respeto a lo público, autogestión y fomento de la convivencia son las claves de la iniciativa en materia de vivienda en la que ahora se encuentran implicadas más de 160 familias andaluzas.
La Ley de Arrendamientos Urbanos, cuya última modificación fue aprobada en 2013, recoge en su artículo 17.5 que "en los contratos de arrendamiento podrá acordarse libremente por las partes que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda reemplazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendamiento de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones pactadas". Anclaje legal que soporta la iniciativa puesta en práctica por la Consejería de Fomento y Vivienda en su parque público de vivienda a finales de 2013, para promover mejoras en las viviendas públicas a cambio de compensación del alquiler.
La crisis ha afectado a los vecinos de este parque público, familias con escasos recursos económicos que pueden disponer de una vivienda gracias a las bajas rentas mensuales que abonan, acordes con sus ingresos. Al ser éste es el principio que rige en las más de 80.000 viviendas distribuidas por todo el territorio andaluz, ahora, cuando la situación empeora, las soluciones para garantizar el derecho habitacional deben ampliarse.
El empobrecimiento de los vecinos por situaciones de desempleo sobrevenido ha aumentado el porcentaje de impago de las rentas. Por otro lado, la Consejería de Fomento y Vivienda destina anualmente en sus presupuestos fondos para la reparación, conservación y mantenimiento de estas viviendas, que este año superan los 40 millones.
Aunando ambas circunstancias se alcanza un punto común: permitir que sean los propios inquilinos quienes desarrollen los trabajos de rehabilitación para compensar parte o la totalidad de las rentas de alquiler.
El punto de partida para el desarrollo de estos trabajos ha sido convocar a los vecinos para informarles de la iniciativa, solicitar su colaboración, estudiar la situación real que motivaba el impago, seleccionar a las familias e iniciar cursos de formación dirigidos por personal técnico. Para poner en marcha experiencias de este tipo es necesario que confluyan una serie de condiciones, como una organización vecinal adecuada, un buen clima de convivencia entre el vecindario y, a ser posible, disposición por parte de los ayuntamientos a colaborar.
