El Gobierno se vuelve a aferrar a los incipientes datos favorables del mercado de la vivienda (compraventas, hipotecas y precios) confiando en que el sector inmobiliario sirva de nuevo para la creación de puestos de trabajo más o menos estables.
No obstante, debe ser el propio Ejecutivo el que acalle los comentarios acerca de la excesiva lentitud en poner en marcha el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
Un plan cuatrienal que prácticamente ha cubierto la mitad de su recorrido sin que se haya hecho casi nada. Tuvieron que pasar quince meses, desde que el plan fuera aprobado en abril de 2013, para que el Gobierno diera un nuevo paso.
Fue el pasado julio, para autorizar la suscripción de convenios de colaboración entre el Ministerio de Fomento y todas las Comunidades Autónomas, excepto País Vasco y Navarra. Y en esas están. Este mismo mes terminarán de firmarse todos los convenios.
Sobre el papel, el nuevo modelo de vivienda –basado en el alquiler y la rehabilitación, y con la construcción relegada a un segundo plano– contó con los parabienes, más o menos generalizados, de todos los sectores, pero, a la hora de la verdad, no se ha invertido ni un euro de los 2.500 millones que, entre otras cosas, habrían de servir para crear más de 100.000 puestos de trabajo.
Básicamente, lo único que ha hecho el Gobierno, con el anuncio de que se van a suscribir convenios con las comunidades autónomas, es recordar lo que se había dicho quince meses antes. Que se va a apoyar el alquiler como vía idónea para el acceso a la vivienda y que se va a fomentar la rehabilitación de edificios.
Y que todo pasa por la aplicación de siete programas. De subsidiación de préstamos convenidos, de ayuda al alquiler de vivienda, de fomento del parque público de vivienda de alquiler, de fomento de la rehabilitación edificatoria, de fomento de la regeneración y renovación urbanas, de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios y el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
Se está en el mismo punto que hace prácticamente año y medio. Lo único novedoso –sin que signifique el inmediato aporte de la inversión– es el reparto que, del monto global comprometido, se está haciendo por comunidades autónomas.
El de Castilla-La Mancha fue el primero de los convenios firmados por la ministra de Fomento, Ana Pastor. Fijaba la transferencia presupuestaria, hasta 2016, de 32 millones de euros, cantidad que, sumada a las subsidiaciones de préstamos de vivienda a residentes, llegaría a una inversión total, por parte del ministerio, de 116,1 millones de euros. Cantidad a la que habría de añadir lo que aporte el Ejecutivo autónomo y, sobre todo, la participación del sector privado, cuantificada en este caso en 57,5 millones de euros y la generación de 1.600 puestos de trabajo.
En cada uno de los convenios, lo que se recoge, en cuanto a esta implicación del sector privado, es una simple cuenta de la vieja. Cada supuesto millón invertido por la iniciativa privada supondría la creación de 30 puestos de trabajo. Así, los 222 millones que se aportarían en Cataluña posibilitarían 6.200 empleos, los casi 80 millones en Castilla y León otros 2.200 puestos de trabajo o los casi 50 de Galicia y Aragón permitirían crear 1.400 empleos en cada región.
El monto más elevado de estas ayudas será para Andalucía, que recibirá 137 millones de euros en subvenciones para rehabilitación de vivienda y 172 millones a la subsidiación de préstamos. Más de 300 millones que la consejera de Fomento, Elena Cortés, había reclamado de manera vehemente. La firma del convenio del Plan Estatal de Vivienda supone para Andalucía la inmediata transferencia de 28,5 millones de euros que deben estar justificados antes del 15 de octubre de 2014.
