"De los 17.000 alquileres sociales que el Gobierno mantiene a través del Instituto Canario de la Vivienda y la empresa pública Visocan, alrededor de 12.000 de ellos, o sea el 70 % tienen problemas con el pago, el resto pagan desde 2 y 90 euros de alquiler social", ha informado la consejera de Vivienda, Inés Rojas, en comparecencia parlamentaria.
La consejera desglosó los datos de la gestión del parque público de viviendas protegidas en alquiler y precisó que "una cosa es que haya un expediente de desahucio y otra cosa es que se produzca el desalojo efectivo".
"Es cierto que se han abierto expedientes administrativos –puntualizó–, pero como única medida para conocer la situación real de las familias. Cuando se produce el impago, la administración no puede saber cuál es la causa. Estamos hablando de 17.000 alquileres. Si después de notificarles la familia no responde, tenemos que iniciar el expediente de desahucio. Una vez vistas las causas y cada situación el desalojo se hace efectivo o no. Tengan en cuenta que de los 3.409 expedientes de desahucio en cuatro años en el ICAVI y VISOCAN tan solo se han hecho efectivos 77 y ninguno, por problemas económicos sobrevenidos".
"El Gobierno, con el dinero de todos y todas apoya a aquellas familias con dificultades pero debe de hacer caer todo el peso de la ley sobre aquellas que pretendan esquivar su deber de pago", añadió la consejera.
"La directriz es que ninguna familia sea desalojada -recordó- si no puede pagar, pero si puede hacerlo y no lo hacen se producirá el desalojo porque hay muchas familias que realmente no pueden pagar y no tenemos viviendas para todas. Además, también Visocan establece prioridades y estas son las familias con hijos a cargo o con personas con discapacidad en la unidad familiar. Esas son las directrices y se están cumpliendo. Otra cosa es que cuando hay una denuncia pública por un desahucio el Gobierno sea escrupuloso a la hora de airear el porqué de desaloja a una persona".
Rojas puntualizó que "de los 12.000 alquileres sociales que gestiona el Instituto Canario de la Vivienda, alrededor de 9.600 tienen problemas de pago, y de este total, en los últimos 4 años se abrieron 1.089 expedientes por impagos, 203 por viviendas desocupadas y 436 por ocupaciones ilegales. Al final del procedimiento se produjeron 31 desahucios efectivos, y ninguno, insisto, ninguno de ellos por impago. Todos han sido o por ocupación ilegal o sobre todo por mantener la vivienda desocupada".
En cuanto a Visocan, informó que "la empresa pública gestiona 5.042 alquileres, de ellos, casi 2.200 tienen problemas por impagos. En estos cuatro años se han abierto 565 expedientes de desahucio, de ellos solo se han hecho efectivos 42 y ninguno de ellos ha sido por problemas económicos".
Rojas recordó que "Canarias es la segunda Comunidad Autónoma de todo el Estado, después del País Vasco, con un mayor número de viviendas sociales, según el último informe publicado por la Defensora del Pueblo. De estas 45.000, el 80% ya han pasado a ser propiedad de las familias adjudicatarias gracias a las ofertas que ha realizado el Gobierno en los últimos años y han conseguido la propiedad por un precio que ronda los 11.000 euros, ya que optan a una subvención del 50% del precio total, del que además se les descuentan las cantidades abonadas durante el periodo que estuvieron en régimen de alquiler. En la actualidad, son 17.000 familias residiendo en Canarias en una vivienda en régimen de alquiler social, la mayoría de ellas con subvención del Gobierno, por lo que pagan entre dos 2 y 90 euros de mensualidad. Unos alquileres que no se ofertan en ninguna comunidad autónoma y que nos están permitiendo atender a las familias con ingresos muy, muy escasos".
"Esta política social en materia de vivienda -finalizó- se reforzará aún más si cabe con la modificación de la ley de Vivienda, una buena ley que también define como de interés social la vivienda libre, en un momento clave de crisis económica".