Las últimas siete familias beneficiarias de este programa del Gobierno de Extremadura para desahuciados hipotecarios han recibido las llaves de manos del consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, en un acto que ha tenido lugar en Mérida, en el que también ha intervenido el director general de Arquitectura y Vivienda, Manuel Lozano.
Los receptores de estas viviendas son parados con bajos ingresos y la adjudicación se ha producido de forma directa al encontrarse en situación de urgente y extrema necesidad. Este proceso de adjudicación culmina tras un riguroso expediente que incorpora un análisis de los servicios sociales de la Consejería y una resolución favorable de la Comisión Técnica de Intervención Social.
Del Moral ha destacado que “el Gobierno de José Antonio Monago continúa dando respuesta a las familias con bajos recursos a través de medidas eficaces y ajustadas a derecho”. Por ello, ha añadido, “este departamento continuará velando por que las viviendas sociales, que son patrimonio de todos los extremeños, estén en manos de quienes realmente las necesitan”.
La entrega de viviendas sociales a familias que han perdido su hogar tras sufrir problemas económicos que han derivado en una ejecución hipotecaria a instancias del banco es posible gracias a un instrumento legal aprobado en 2013 por el Gobierno de Extremadura.
Para ello, el Gobierno de Extremadura modificó el decreto 115/2006 del 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En este sentido, ha introducido un nuevo criterio objetivo que constituye la base o la justificación para la adjudicación de vivienda por extrema y urgente necesidad.
La nueva norma determina que se procederá a la adjudicación directa en los supuestos en los que se acredite por parte de la unidad familiar la perdida de la vivienda, tras una orden judicial de desahucio, por la imposibilidad del pago de las cuotas hipotecarias. Esta modificación se ha establecido con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011.
Esta entrega de viviendas sociales a desahuciados hipotecarios también está siendo posible gracias a la campaña de inspección del parque de 14.270 viviendas públicas que la Consejería de Fomento está a punto de finalizar. El objetivo es detectar disfuncionalidades en su uso de cara a recuperarlas y readjudicarlas a ciudadanos que las necesitan. Hasta la fecha se ha detectado que un 10% de ellas no están ocupadas, lo están de forma ilegal o acogen actividades antisociales.
El Ejecutivo extremeño ha recuperado desde finales de 2011 más de 200 viviendas públicas a las que sus adjudicatarios iniciales no estaban dando un uso legal. Todas ellas han sido readjudicadas de forma directa a personas en situación de urgente y extrema necesidad.
