La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antigua EPSA) se ha convertido en el primer agente mediador que facilitará el arrendamiento de inmuebles vacíos a precios asequibles a través del Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler (PIMA), impulsado por la Consejería de Fomento y Vivienda para promover que los propietarios den salida a sus casas deshabitadas. Esta herramienta se enmarca en el conjunto de medidas contempladas en la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada el pasado 25 de septiembre, que persiguen incentivar el afloramiento en arrendamiento asequible del stock de inmuebles desocupados.
Respondiendo también a este objetivo de fomentar este mercado, la Consejería destinará, de acuerdo con lo estipulado por la nueva Ley de Presupuestos de la comunidad para el ejercicio 2014, las fianzas de arrendamientos al desarrollo de las políticas sociales de vivienda. La Ley de 1997 establece la obligatoriedad de un depósito de renta de un mes de arrendamiento cuando se alquila un piso y también exige un depósito en los contratos de suministro de agua, gas y electricidad. El ingreso debe realizarse en la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes desde la firma del contrato.
Esta norma fija también que la propia Consejería de Hacienda puede delegar la gestión de las fianzas a otros departamentos y así lo establece precisamente la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada el pasado mes de septiembre. Por tanto, en el ejercicio 2014 será la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la que gestione estos depósitos con el fin de dar respuesta a las necesidades en materia de vivienda de la ciudadanía. Para ello, la Consejería de Hacienda habilitará cada trimestre créditos por importe del 70% de ese saldo en las cuentas de AVRA, reservando el 30% restante para contingencias tal y como exige la Ley.
El convenio de adhesión al PIMA firmado por el director general de Vivienda la Consejería de Fomento y Vivienda, Antonio Ibáñez, y por el director de AVRA, Fernando Herrera, capacita a la Agencia para, entre otras funciones, captar casas para alquilar, solicitar su inclusión en el programa, ofrecer y mostrar los inmuebles, proponer la asignación de demandantes o formalizar los contratos de arrendamiento. El agente intermediador será también el encargado de gestionar las pólizas de seguro dirigidas a los arrendadores que contratará la Consejería de Fomento y Vivienda para garantizar el cobro ante un posible impago de la renta, ofrecer defensa jurídica y dar una cobertura multirriesgo del hogar.
Para operar como intermediadora, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación deberá dar de alta en el programa, previa autorización del propietario, las casas deshabitadas que capte. Previamente, deberá acreditar que estas viviendas llevan desocupadas un periodo mínimo de seis meses y cuentan con referencia catastral y con el certificado de eficiencia energética. En caso de que el inmueble no disponga de este último requisito, la Consejería asumiría la emisión de dicho certificado. Toda la oferta existente en régimen de alquiler estará aglutinada en un portal informático creado por la Junta de Andalucía.
La condición de agente colaborador permite a AVRA tener acceso al listado de demandantes de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida que hayan expresado su interés por acogerse a este programa, teniendo en cuenta que los futuros inquilinos beneficiarios de este programa deberán estará previamente inscritos en esta base de datos. Para facilitar la consulta de los registros por parte de AVRA y del resto de futuros intermediadores, la Consejería de Fomento y Vivienda ha remitido una carta a los ayuntamientos de municipios mayores de 20.000 habitantes instándoles a que actualicen sus bases y hagan constar en ellas a las personas interesadas en participar en el PIMA.
De igual modo, en el desempeño de sus funciones, AVRA estará obligada a mostrar las viviendas y formalizar el contrato de arrendamiento entre arrendador e inquilino, tras el acuerdo alcanzado entre las partes. De acuerdo con el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler, los propietarios podrán ofrecer sus inmuebles por una renta anual de alquiler no superior a 7.200 euros. El convenio firmado tiene un periodo de vigencia de cuatros años, pudiendo ser prorrogado por dos más.